Las ONG nicaragüenses denuncian una persecución política del Gobierno

El Ministerio de Gobernación (Mingob) nicaragüense anunció el martes que está realizando auditorías a al menos once organizaciones no gubernamentales (ONG), en su mayoría vinculadas con la oposición sandinista, "con el objetivo de revisar su contabilidad y situación legal". La medida ha sido calificada por parte de representantes de las entidades de "hostil" y un paso más de la "persecución política" que afirman están sufriendo desde 1997.

Según el Mingob, "de un total de 1.883 ONG que tienen personalidad jurídica, 1.356, o sea el 72%, no están cumpliendo con los requisitos de ley": no han presentado los libros de actas, de asociados y de contabilidad; no han informado de las donaciones recibidas, no han emitido los balances contables al final de cada año fiscal o incluso han incumplido sus propios estatutos.

Ana Quiroz, presidenta de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER), que aúna a más de 300 entidades, matizó que entre la organizaciones registradas no hay sólo ONG, sino que también se incluyen universidades privadas, iglesias, clubes hípicos, organizaciones internacionales, funerarias y asociaciones comunales.

Una de las organizaciones destacadas en el comunicado ministerial es Popol Nah, cuya representante legal es Mónica Baltodano, diputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. "Es la única asociación que ha presentado resistencia a dicho proceso, aduciendo que ellos aceptan brindar información, pero sólo entre el período del año 2000 hasta la fecha". El ministerio exige informes económicos desde 1997.

William Grigsby, presidente ejecutivo de la asociación, se defendía: "Nosotros no tenemos problema en ampliar el periodo de la auditoría que están realizando, pero primero que presenten los resultados de 2000, porque, si salimos bien, contablemente no tiene lógica seguir para atrás". "El problema es que el Mingob vive cambiando la ley conforme a la ONG a auditar. Te piden cosas nuevas y nuevas, te piden y piden dependiendo de la organización", denunció María Lourdes Jirón, directora de Proyectos de Popol Nah.

Las relaciones entre el Ejecutivo y las ONG no son precisamente de cordialidad desde que en 1997 se aprobase la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que obliga a estas entidades a presentar sus cuentas a Gobernación.

Los enfrentamientos culminaron a finales del año pasado, cuando José Marenco, titular de la cartera ministerial, dictaminó el cese de las actividades de tres organizaciones por haber financiado supuestamente la campaña de candidatos en las elecciones municipales del pasado noviembre. Se decretó el cierre de la clínica María Luisa Ortiz, especializada en asistencia materno-infantil y ubicada en Mulukukú.

Durante una visita a la zona, algunas de las beneficiarias del centro increparon al presidente del Gobierno, Arnoldo Alemán (del Partido liberal Constitucionalista), que también recibió informaciones de dirigentes liberales de la región que aseguraban que la clínica "sólo atiende a sandinistas".

Marenco también decretó la deportación de su directora, la enfermera estadounidense Dorothy Granada, de 70 años de edad, por los delitos nunca probados de practicar abortos ilegales e intromisión política. La cooperante permaneció escondida hasta que la decisión de deportarla fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia.

Otra de las ONG cerradas en 2000 es la asociación para el desarrollo rural Nochari, que trabaja para el desarrollo con 500 familias de las comunidades de Nandaime, en el departamento de Granada. En un comunicado interpretaba la decisión del Ejecutivo: el Mingob intenta "sentar precedentes en las diferentes formas de organización de la sociedad civil nicaragüense, con el claro objetivo de silenciar a los ONG ante las agresiones y abusos del Gobierno". "Estamos bastante claros que aquí hay irregularidades de parte del Gobierno", afirmaba entonces Ricardo Zambrana, del CCER. "Nochari merece todo nuestro respaldo y hemos tratado de movilizar a la opinión pública para que se dé cuenta de este atropello contra una organización que está beneficiando a la gente, igual que lo estaba haciendo la clínica en Mulukukú".

En protesta por la presunta persecución gubernamental, unas 6.000 personas marcharon en enero frente al edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento). Asimismo, los representantes de la sociedad civil que acudieron a la reunión del Grupo Consultivo celebrada en Madrid el pasado marzo, lo hicieron de forma independiente y no como parte de la delegación presidencial, como estaba previsto. Las ONG han llevado sus quejas a los países donantes.