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El juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín, propondrá a sus 72 colegas de primera instancia la creación de un listado de comisarios e interventores de quiebras de empresas para que éstos sean designados por turno riguroso. La iniciativa pretende dar más transparencia a estos procesos, que dirimen asuntos en los que hay en juego miles de millones de pesetas y cientos de puestos de trabajo, y evitar así posibles corruptelas.

La propuesta no es nueva, pero el decano la ha retomado tras la querella presentada por la fiscalía contra el juez y los tres interventores de la quiebra de las bodegas Garvey, propiedad del empresario José María Ruiz-Mateos, por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Según esa querella, el juez dilató la tramitación de la quiebra, y los interventores, nombrados a dedo por el magistrado para gestionar las bodegas durante el proceso, exigieron a Ruiz-Mateos cien millones de pesetas para archivarla.

La idea del decano es entrevistarse con los responsables del Colegio de Censores de Cuentas y con el de Economistas y acordar con ellos un listado con los nombres de los comisarios e interventores que reúnan los requisitos y a quienes puedan acudir los jueces a la hora de encomendar la administración judicial de empresas en quiebra o que hayan declarado suspensión de pagos.

Fernández Martín ha habilitado en la plaza de Castilla un servicio de designación de peritos, que ya funciona y que se encarga de proporcionar profesionales solventes a los jueces que precisan efectuar tasaciones sobre cuestiones en litigio. En este servicio, la elección de los peritos se establece 'por turno riguroso', señala el juez decano. 'Hay un listado y de ahí se extraen. Por ejemplo, si un juez necesita el informe de un arquitecto sobre un inmueble en ruinas, se solicita uno al servicio y éste le proporciona el primero que haya en la lista, y así sucesivamente', explica.

Lo mismo quiere hacer Fernández Martín con los comisarios e interventores de quiebras, aunque antes quiere exponer y debatir el asunto con sus colegas de lo civil. Su propósito es 'democratizar' la elección de estos profesionales y disipar cualquier sombra de duda sobre la actividad judicial en esos procesos.

Su objetivo, si sus colegas no se oponen, es que dicho servicio controle también el listado de interventores, y que éstos sean designados, al igual que ya se hace con los peritos, 'por turno riguroso'.