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El Grupo Parlamentario Socialista anunció ayer que el próximo lunes iniciará los trámites para 'forzar en lo posible' la comparecencia 'inmediata' de la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, ante la Cámara regional. Los socialistas, a cuya iniciativa se sumarán previsiblemente los diputados de IU, reclaman explicaciones sobre las irregularidades y los motivos que han llevado al Gobierno regional a clausurar tres centros de tutela de menores: Guadarrama y Río Chico, ambos en la localidad de Guadarrama, y Cimbra en el distrito de Carabanchel en Madrid, gestionados por la Fundación Diagrama. Pedro Sabando, portavoz del grupo PSOE-Progresistas, ha calificado de 'escándalo tremendo' los supuestos malos tratos que sufrían los menores en el centro de Guadarrama.

Un joven de 14 años, interno en el centro para menores desamparados de Guadarrama, denunció ante la Fiscalía del Menor haber estado durante, al menos cuatro días, desnudo, atado y aislado en una habitación donde sólo había un colchón en el suelo. Investigaciones posteriores de la Fiscalía del Menor determinaron que la Comunidad ordenara el pasado viernes la clausura de ese centro y de los otros dos gestionados en Madrid por la Fundación Diagrama.

Sabando pedirá a la consejera Pilar Martínez que explique 'cuanto antes, cuándo, cómo y con quién se han mantenido las reuniones con los dirigentes de la Fundación Diagrama; qué han detectado en los centros clausurados y si éstos tienen o no personal cualificado'.

Ayer, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista vaticinó que 'estando de por medio la Fiscalía del Menor, la Comunidad de Madrid podría verse involucrada en responsabilidades penales'.

Elena Vázquez, portavoz de Menores del grupo PSOE-Progresistas en la Asamblea, acusó a la Comunidad de haber incurrido en un caso de negligencia in vigilando. La diputada considera que aunque la gestión del centro de acogida Guadarrama esté contratada con la Fundación Diagrama, 'la responsabilidad de los chavales allí internados corresponde a la Comunidad de Madrid'. Vázquez considera que se trata de un caso de 'malos tratos y secuestro'.

Por su parte, Franco González, diputado de Izquierda Unida, calificó los hechos como el resultado de 'la privatización o externalización de los servicios públicos que hace el PP'.