El fiscal se querella contra el alcalde de San Lorenzo por prevaricación

La fiscalía de Madrid ha presentado una querella por un supuesto delito de prevaricación continuada contra el alcalde de San Lorenzo de El Escorial (11.000 habitantes) -el popular José Luis Fernández Quejo-, cuatro ediles de la comisión de Urbanismo y el arquitecto municipal, Francisco Navarro. Les acusa de haber autorizado la construcción de 18 viviendas en una céntrica parcela saltándose los dictámenes desfavorables a la obra de la Comunidad de Madrid y las propias normas urbanísticas del municipio, que sólo permitían levantar ocho casas en ese paraje.

Ésta es la segunda querella que presenta la fiscalía en menos de un año contra Fernández Quejo. La primera fue también por un supuesto delito urbanístico, y en ella figuran inculpados, además, otros cinco concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento. En aquella ocasión se acusó al alcalde de haber 'beneficiado' a un constructor al que se permitió levantar nueve chalés en una zona protegida.

Esta vez, la querella de la fiscalía, que investiga ya un juzgado de San Lorenzo, tiene que ver con las obras que efectúa una constructora en la calle de Santa Rosa, 15 bis, de esta localidad. En 1997 había en ese enclave una parcela de 2.400 metros cuadrados propiedad de Rosa Andradas Oreja, quien ha destapado las irregularidades.

Andradas se presentó un día ante el fiscal de Urbanismo, Consumo y Medio Ambiente del Tribunal Superior de Madrid, Emilio Valerio, y contó que había sido objeto de un engaño por parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo. La mujer relató que el arquitecto municipal le comunicó, en abril de 1997, que en su parcela, según lo dispuesto en el planeamiento urbanístico, sólo se podían construir ocho viviendas. Ella hizo esa consulta porque quería vender parte de su finca y conocer su situación urbanística con vistas a fijar el precio. Su sorpresa fue mayúscula cuando, tras vender el solar a una inmobiliaria 'ajena al municipio', descubrió que la comisión de gobierno había obviado las normas urbanísticas y autorizado a la constructora, Eseges, SL, a levantar 18 casas.

La denunciante y propietaria del solar, Rosa Andradas, señaló que los dueños de la inmobiliaria Eseges, SL, le indicaron que el precio del solar debía ser acorde con el número de pisos autorizados, según describe el fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior, Emilio Valerio, en la querella. Lo que Andradas ignoraba es que, tras pactar el precio y ejecutar la compraventa, el Ayuntamiento de San Lorenzo iba a autorizar en el terreno que acababa de vender la construcción de 18 viviendas, en lugar de las ocho fijadas en la normativa urbanística.

De la finca vendida, Andradas conservó 400 metros, sobre los que se levanta el chalé en el que vive. En abril de 1997 la propietaria acudió al Ayuntamiento a interesarse por los linderos de la finca colindante, la que ella había enajenado. Fue entonces cuando observó que el proyecto de obras de Eseges 'no cumplía norma urbanística alguna, no se situaba en parcela alguna y los linderos no estaban marcados'.

En noviembre de 1997, y en vista de las anomalías, la mujer se entrevistó con el arquitecto municipal y con el concejal de Urbanismo, José Antonio Perea Unceta. Éste le dijo 'que no estaba muy puesto en Urbanismo, pero que estudiaría' sus quejas; en cambio, el arquitecto le avanzó que las 'normas urbanísticas se podían y se iban a cambiar', a lo que Andradas repuso que tales normas 'vinculan al momento en que se tramitan las licencias'. Sólo unos días después de ese encuentro, según se refleja en la querella, el propio alcalde citó en su despacho a Andradas y, 'sin permitirle articular palabra alguna', le espetó, con palabras 'agresivas y amenazantes: 'Como sigas denunciando, voy a hacer que te metan en la cárcel.Deja de fastidiar al Ayuntamiento'.

Según la querella, el 23 de enero de 1998 la comisión de gobierno, compuesta por el alcalde y los concejales -también imputados- Consuelo Urgarte, José Antonio Perea Unceta (Urbanismo), Lorena de Santos Richard y Juan Carlos de Andrés Hermana, estudió y aprobó el proyecto básico de Eseges, que pedía licencia para levantar 18 viviendas y garajes. El proyecto, según la fiscalía, fue aprobado pese a que 'incumplía absolutamente la normativa aplicable' a esa parcela. En noviembre de 1999 la Comunidad confirmó que el proyecto ya aprobado era ilegal.

Informe del arquitecto

Pese a las graves irregularidades detectadas, el arquitecto municipal elevó un informe a la comisión de gobierno que decía: 'Puede concederse la licencia de obra mayor que se solicita para la construcción de nueva planta de un edificio de 18 viviendas y garajes en la calle de Santa Rosa, toda vez que el proyecto básico presentado, visado por la Comunidad, cumple la normativa'.

Eseges comenzó las obras en mayo de 1998, 'a la vista de todos', sin 'haber presentado el proyecto de ejecución de obras' y sin que el Consistorio las paralizase 'de oficio'. Eso sí, las detuvo al mes siguiente después de que Andradas lo denunciase. Pero la paralización fue breve. El 16 de junio de 1998 la comisión de gobierno, previo informe favorable del arquitecto, dio luz verde al proyecto de ejecución. Tampoco ese proyecto se ajustaba a las normas urbanísticas.

El 3 de noviembre de 1999 el alcalde comentó a Andradas: 'Rosa, no te preocupes, déjalos que pongan ladrillos, que cuantos más pongan más van a tener que tirar'. 'La connivencia con los intereses urbanísticos derivados de la construcción de aquel ilegal número de viviendas se refleja', indica el fiscal en la querella, 'en que efectivamente continuaron las obras de cerramiento y configuración de las fachadas, sin que el alcalde acordase su paralización, que sólo decretó el 11 de noviembre de 1999 y tras recibir aquel mismo día una llamada del director general de Urbanismo de la Comunidad'. También ese día, según se recoge en la querella, Andradas recibió una llamada del alcalde en la que éste, literalmente, le soltó: 'Rosa, por tus santísimos cojones me has hecho parar la obra, pero por mis santísimos cojones la voy a tener parada una semana, que es lo que voy a tardar en darles la licencia'.

No fue así. Las obras siguen detenidas, como ha indicado a este periódico el propio alcalde, quien aseguró que la licencia se dio previo 'informe favorable de los técnicos'. 'Yo sólo doy licencias si los técnicos informan a favor', afirmó. Según el regidor, en un principio se permitió construir 18 viviendas porque las normas no las han aplicado en ese lugar, ni la suya ni anteriores corporaciones socialistas, desde 'hace 10 o 12 años'. Fernández Quejo destacó que las obras 'llevan paradas ocho meses' y que no se permitirá que prosigan mientras no se subsanen la irregularidades detectadas. Además, avanzó que allí sólo se van a poder construir 'ocho viviendas, no 18'.