El fiscal se querella contra el alcalde de San Lorenzo por prevaricación
La fiscalía de Madrid ha presentado una querella por un supuesto delito de prevaricación continuada contra el alcalde de San Lorenzo de El Escorial (11.000 habitantes) -el popular José Luis Fernández Quejo-, cuatro ediles de la comisión de Urbanismo y el arquitecto municipal, Francisco Navarro. Les acusa de haber autorizado la construcción de 18 viviendas en una céntrica parcela saltándose los dictámenes desfavorables a la obra de la Comunidad de Madrid y las propias normas urbanísticas del municipio, que sólo permitían levantar ocho casas en ese paraje.
Ésta es la segunda querella que presenta la fiscalía en menos de un año contra Fernández Quejo. La primera fue también por un supuesto delito urbanístico, y en ella figuran inculpados, además, otros cinco concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento. En aquella ocasión se acusó al alcalde de haber 'beneficiado' a un constructor al que se permitió levantar nueve chalés en una zona protegida.
Esta vez, la querella de la fiscalía, que investiga ya un juzgado de San Lorenzo, tiene que ver con las obras que efectúa una constructora en la calle de Santa Rosa, 15 bis, de esta localidad. En 1997 había en ese enclave una parcela de 2.400 metros cuadrados propiedad de Rosa Andradas Oreja, quien ha destapado las irregularidades.
Andradas se presentó un día ante el fiscal de Urbanismo, Consumo y Medio Ambiente del Tribunal Superior de Madrid, Emilio Valerio, y contó que había sido objeto de un engaño por parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo. La mujer relató que el arquitecto municipal le comunicó, en abril de 1997, que en su parcela, según lo dispuesto en el planeamiento urbanístico, sólo se podían construir ocho viviendas. Ella hizo esa consulta porque quería vender parte de su finca y conocer su situación urbanística con vistas a fijar el precio. Su sorpresa fue mayúscula cuando, tras vender el solar a una inmobiliaria 'ajena al municipio', descubrió que la comisión de gobierno había obviado las normas urbanísticas y autorizado a la constructora, Eseges, SL, a levantar 18 casas.
