Las sentencias rápidas en los divorcios de mutuo acuerdo peligran por falta de fiscales
Al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, le preocupa que la falta de fiscales lleve al traste un logro conseguido en Madrid hace años y que permitía que las parejas que se separaban o divorciaban de mutuo acuerdo se presentasen ante el juez en una única ocasión y saliesen de allí 'con la sentencia bajo el brazo'. Fernández Bermejo cree que esta iniciativa, que evita mareos a las parejas, 'peligra' ahora por la actual falta de fiscales. Por ello, ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado, que encabeza Jesús Cardenal, en el que afirma que necesita 51 fiscales más para afrontar la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en vigor desde el pasado 8 de enero y que obliga a los fiscales a asistir a actos jurídicos civiles que no eran preceptivos para ellos en la antigua ley.
El fiscal siempre es parte en las separaciones de mutuo acuerdo (unas 4.000 al año sólo en la capital) instadas por cónyuges con hijos. Debe velar porque éstos, en el convenio regulador, no queden desprotegidos en favor de los intereses de cada miembro de la pareja. Para evitar dilaciones en la tramitación de las separaciones, jueces y fiscales llegaron hace años al acuerdo de que se citase a todas las partes, incluido el fiscal, a una única comparecencia ante el juez, y que éste ratificase sobre la marcha la separación si no resultaba conflictiva. 'Queremos seguir haciéndolo, estar presentes en esas comparecencias, pero, con la nueva ley, necesitamos más fiscales', señala Fernández Bermejo. Éste, que se ha mostrado muy crítico con la 'cicatería' de medios con que el Gobierno central ha abordado la Ley Penal del Menor (que rige desde el pasado 13 de enero), asegura que necesita 51 nuevos fiscales en su departamento para aplicar la nueva legislación civil.
Si no llegan más medios humanos y materiales, Fernández Bermejo vaticina que los jueces tendrán que suspender muchos actos judiciales ante la imposibilidad de acudir a ellos los fiscales. 'Y, si se desarrollan esos actos sin el fiscal, como es preceptivo, pediremos su anulación', subraya. La nueva normativa civil, que pretende acelerar la tramitación de los pleitos y acabar con los retrasos, obliga a jueces y fiscales a estar presentes en casi todos los actos judiciales. Ello significa una carga de trabajo, al menos para los fiscales, muy superior a la que ya tenían, porque, además, amplía las materias civiles en la que han de intervenir forzosamente. El informe remitido a Cardenal contiene un detallado análisis de las necesidades de los fiscales de la Comunidad.
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