Un estudio desvela que el 63% de las licencias de taxis en Málaga se traspasa de manera ilegal

Pero es más, el trabajo elaborado para el Ayuntamiento de Málaga deja en evidencia la dejación que las autoridades hacen de su obligación de impedir y sancionar las ilegalidades.

Las licencias de taxis son una concesión municipal que debe ser explotada 'personal o conjuntamente' por su titular. De lo contrario, deben revertir al Ayuntamiento. Pero estas condiciones no siempre se cumplen. Los permisos se compran y se venden en el mercado negro. Según el estudio de la consultora Taryet, se transfieren unas 40 licencias al año por precios que rondan los 11 millones de pesetas; una práctica generalizada en todo el país. La concesión municipal sólo supone el 27,9%, cuando quitando casos puntuales de transferencia familiar debería representar el 100%. El traspaso, que es ilegal porque implica la compra de la licencia, alcanza el 63,3%. Desde 1987 el Ayuntamiento no ha concedido nuevos permisos, aunque ha habido bajas por muerte o jubilación.

Pero si su adquisición es irregular, la explotación no le va a la zaga. 'Una práctica característica del sector en Málaga, que también se da en otros puntos de España, es la del alquiler de licencias, mediante la cual determinados agentes (floteros) se hacen con el control de una cierta flota de taxis que explotan en régimen de empresa, en algunos casos hasta con más de 50 licencias'. Aunque este sistema está prohibido, la cuarta parte de los 1.324 permisos existentes se explotan bajo ese régimen. El trabajo detalla que cinco floteros concentran más de la mitad (177) de las 340 licencias alquiladas.

Las irregularidades no acaban ahí. El informe también denuncia la existencia de 30 licencias compartidas, modalidad que consiste en que dos socios adquieran una licencia, uno figure como titular y otro como asalariado. La ilegalidad radica en que compran el permiso cuando deberían ponerse en la cola de la concesión de licencias. Pero el mercado negro y la pasividad municipal hacen que los permisos lleven 13 años sin otorgarse.

Las condiciones de trabajo de los asalariados también vulneran la legislación: deben pagar el 50% de los gastos de combustible y de la Seguridad Social, firman finiquitos en blanco, no tienen vacaciones pagadas ni pagas extraordinarias y cotizan por menos horas de las que trabajan. La figura del asalariado está permitida, ya que el titular de una licencia puede contratar hasta a dos de estos trabajadores para explotar el vehículo durante las 24 horas. Pero está el asalariado ilegal, que es el que carece del permiso municipal para ser conductor de un taxi. Según el estudio, en Málaga suman 200.

El trabajo también deja en evidencia la pasividad de las administraciones para atajar las ilegalidades: 'En este fenómeno juega un papel muy importante la falta de control de las autoridades competentes, que no parecen capaces de identificar y sancionar conforme establece la reglamentación de trabajo vigente las conductas manifiestamente antirreglamentarias que han de soportar los asalariados'.

El estudio también analiza al sector como objeto de la delincuencia callejera. Tras una encuesta, concluye que casi la mitad (49%) de los taxistas 'califica las condiciones de seguridad de su trabajo con la peor nota posible: un cero'. Frente a esta sensación de indefensión, el informe destaca que curiosamente ninguno ha adoptado medidas de seguridad. El problema estriba en que tomar precauciones es costoso y salvo que sea con ayudas públicas, pocos taxistas pueden afrontar su instalación.