La autonomía corsa divide a Francia

Francia es el escenario de un debate con tintes surrealistas, en torno a la concesión a Córcega de una autonomía más reducida de la que tienen las comunidades autónomas en España. Frente al Gobierno de Lionel Jospin, que pretendía aprobar ayer el envío al Parlamento del correspondiente proyecto de ley, el presidente Jacques Chirac descartó este asunto del orden del día, reduciendo la agenda a un par de decretos técnicos. Así aligerado, el Consejo de Ministros consumió ayer menos de media hora.

El proyecto de autonomía preparado por el Gobierno de Jospin no implica un camino hacia la independencia: se trata de conceder a la Asamblea de la isla ciertos poderes legislativos de forma experimental hasta 2004 y aprovechar esa fecha para una revisión constitucional que proporcione un nuevo estatuto a la isla. La escaramuza entre los dos probables aspirantes a las elecciones presidenciales, que deben celebrarse dentro de un año, explica este enfrentamiento más que el análisis del problema corso.

La postura adoptada por Chirac deja claro que no hay consenso nacional en torno a Córcega. Y que en este asunto la izquierda tampoco es unánime: baste recordar que fue el motivo alegado por Jean-Pierre Chevènement para abandonar el Gobierno de Jospin. Pero también prueba las dificultades para el funcionamiento de un poder ejecutivo compartido entre rivales políticos. El resultado es que Francia, uno de los países hasta ahora clave en el proceso de construcción de Europa, se encuentra atrapada por una cohabitación enredada en querellas internas.

Los Gobiernos alemán, británico, italiano, español o belga, todos ellos responsables ante sus respectivos Parlamentos, no necesitan autorización de su respectivo jefe de Estado para decidir qué proyectos someten a sus Cámaras legislativas. Chirac, sin embargo, se atribuye competencias para ello, dados los poderes concedidos a un presidente elegido directamente por el pueblo, que ha de compartirlos con un Gobierno que los cree suyos en virtud del principio de responsabilidad parlamentaria.

En este contexto, el Consejo de Estado, un órgano de carácter consultivo, proporcionó el motivo al que se agarró Chirac para obstaculizar el plan del Gobierno y dejar claro ante los sectores reticentes al proceso corso, quién ejerce de garante de la unidad de Francia dentro de su 'pacto republicano'. Los puntos conflictivos son los siguientes:

- Cultura. La lengua corsa se enseñará 'en el cuadro del horario normal de las escuelas a todos los alumnos, salvo voluntad contraria de los padres o del representante legal del niño'. El Consejo de Estado cree que esa disposición equivale a hacer obligatoria la enseñanza del corso.

- Poderes. Antes del 1 de enero de 2002 se transferirán nuevas competencias a Córcega para tener en cuenta su especificidad insular. Y condicionado a que 'la paz pública se establezca de manera duradera en la isla', se prevé una segunda reforma, condicionada a una revisión constitucional, para un cambio del estatuto de la isla en el año 2004, a fin de que la Asamblea de Córcega pueda 'modificar o adaptar' disposiciones legislativas o reglamentarias.

En la fase transitoria hasta 2004, cuando 'las disposiciones legislativas en vigor o en fase de elaboración' presenten dificultades para la isla, la Asamblea de Córcega 'puede pedir al Gobierno (...) medidas de adaptación de esas disposiciones legislativas'. Al Consejo de Estado le ha parecido demasiado ambiguo ese enunciado.

- Recursos económicos. La isla recibirá 15.000 millones de francos (375.000 millones de pesetas) en 15 años, para superar el retraso de sus inversiones; tendrá un estatuto fiscal particular para favorecer la instalación de empresas, y mantendrá la exoneración de derechos de sucesión durante 15 años. Este último punto ha sido considerado por el Consejo como contrario a la igualdad de los ciudadanos.