Daños irreversibles

La historia ejemplar de un edificio nacido exclusivamente para uso hotelero y transformado hábilmente en un gran bloque de apartamentos con vistas al mar, no acabó con la dictadura. El 2 de septiembre de 1977, apenas realizadas las primeras elecciones democráticas en España y antes de las municipales, los parlamentarios alicantinos elevaron su protesta al alcalde franquista suplente, Ambrosio Luciañez Piney, hoy en las filas populares, mediante una carta en la que el senador Josevicente Mateo advertía: 'Tenemos noticias -escribo en nombre de todos los parlamentarios alicantinos-, no sabemos con certeza hasta qué extremo fundadas, de que se prevé la reanudación de las obras del Aparthotel en breve. Los daños causados a la ciudad por lo ya construido son evidentemente irreversibles, pero nos queda la esperanza, puesto que entre nosotros hay coincidencia, de evitar la tercera fase. Así, pues, te agradeceremos nos indiques, en lo que atañe al Ayuntamiento, cuál es la situación actual del proyecto'.

La realidad era muy simple: se estaba construyendo a marchas forzadas y culminaría en plena democracia municipal. La construcción de un edificio tan singular erigido contra viento y marea -nunca mejor dicho- sobre suelo público ganado al mar, sólo se entiende desde el contexto autoritario del Régimen, desde un funcionamiento dictatorial capaz de justificar impunemente sus arbitrariedades con afirmaciones tan peregrinas como 'el gran prestigio' de Meliá, o la carencia de plazas hoteleras en una ciudad.

El pelotazo del 'edificio especial terminó de fraguarse cuando, en la primera mitad de los años setenta, los efectos de la crisis económica europea llegaron a las costas españolas. El triunfalismo de los años sesenta había dado paso a un alarmismo excesivo que, no obstante, revelaba las profundas deficiencias de un sector descapitalizado, formado por pequeñas compañías dependientes de los mayoristas extranjeros, y cuyos empresarios, durante los últimos años, habían invertido alegre y descontroladamente sus capitales hasta conseguir una saturación de las zonas turísticas y un deterioro ambiental. Entre los 1973 y 1976, la crisis turística trajo consigo el desplome del sector inmobiliario y con él, los despidos masivos y el cierre de delegaciones del Grupo Meliá, hasta entonces líder indiscutible del sector turísco en el ámbito nacional. La propiedad del edificio pasaría por las manos del Banco Coca, el Banesto, el controvertido magnate italiano Giancarlo Parretti y la Cadena Sol, mientras su tercera fase entraba en un litigio de tintes rocambolescos.