El Supremo confirma que Liaño no puede volver a ser juez antes de 5 años

El Tribunal Supremo rechazó ayer el recurso de súplica del ex juez Gómez de Liaño y confirmó que el indulto de la pena de prevaricación no puede suponer su reintegro en la carrera judicial. El alto tribunal notificó el fallo a las partes, entre ellas al ex juez condenado, y hoy hará públicos los argumentos de su resolución, 'contra la que no cabe recurso alguno'.

La decisión fue apoyada por los magistrados José Antonio Martín Pallín y Enrique Bacigalupo, con el voto en contra del presidente de la sala, Luis Román Puerta Luis, quien también mostró su discrepancia en el auto que aplica el indulto.

Por su parte, la asociación judicial Jueces para la Democracia (JpD) acusó al Ejecutivo de montar un 'plante gubernamental' para no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que expulsó a Liaño de la carrera judicial por haber cometido un delito de prevaricación continuada.

Según JpD, el Gobierno no sólo se ha apartado de la línea de 'respeto a las resoluciones judiciales, sino que se ha apartado de la Constitución'. En ese sentido, la asociación judicial progresista recuerda que el artículo 118 de la Constitución obliga a todos los ciudadanos y a los poderes públicos a cumplir las sentencias y resoluciones de los tribunales.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, pidió ayer comparecer ante el Congreso para anunciar las nuevas reformas de la Justicia.

El ministro señaló en una entrevista concedida al diario El Mundo la intención del Gobierno de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional para no tener que abonar a los funcionarios el dinero que, según la sentencia, se les adeuda, a pesar de que la propia resolución señalaba que contra la misma no cabía recurso alguno. También aseguró que el Gobierno va a interponer un conflicto contra el Tribunal Supremo porque, a su entender, 'la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede anular o limitar un real decreto del Gobierno y sus consecuencias'.

'Para que no se repita'

Acebes añadió que las resoluciones del Supremo y la Audiencia demuestran 'la necesidad de llevar a cabo una reforma en profundidad de la Justicia'. 'Es lo que vamos a hacer inmediatamente para que estas situaciones pasen y no se repitan', añadió.

En la citada entrevista, Acebes aseguró que la reforma se hará 'en los términos que contenía el programa del PP', cambiando el sistema de elección de una parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que serán elegidos por los propios jueces en vez de por el Parlamento. Según el ministro, intentará que esa reforma se haga de la forma 'más consensuada posible', contando con los grupos políticos y las asociaciones judiciales.

Por su parte, Jueces para la Democracia replicó ayer que lo que el ministro ha hecho es manifestar 'sin ningún tipo de tapujos' que la reforma tratará de evitar en el futuro resoluciones como las del Supremo y la Audiencia. Según JpD, 'ninguna reforma legislativa se ha de emprender para garantizar la independencia de los jueces' y ni el indulto a Liaño ni la sentencia a favor de los funcionarios 'merecen el anuncio de ninguna reforma'. Agregan que la premisa de que existe un conflicto de poderes 'es sencillamente falsa'.

En su petición de comparecencia ante el Congreso, Acebes anuncia la segunda fase del Pacto de Estado por la Justicia. Sin embargo, en la primera fase no consiguió el apoyo del Partido Socialista, IU y Grupo Mixto a su 'plan de choque', limitado a prorrogar en dos años la edad de jubilación de los jueces, unificar las oposiciones a jueces y fiscales y a acortar el tiempo de permanencia en la escuela judicial, lo que aún no ha dado resultados visibles. Tampoco consiguió el apoyo del PNV e IU a su reforma de la Ley del Menor.

Acebes también puso en marcha una comisión de estudio del sistema de penas del Código Penal, a la que encargó elaborar un informe antes del pasado 31 de diciembre y de la que no se ha vuelto a tener noticia.