Endesa e Iberdrola prevén ingresar tres billones de pesetas por la venta de activos

A pesar de que las condiciones impuestas por el Gobierno en la última reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes rebajaban las que se contenían en el informe no vinculante del Tribunal de Defensa de la Competencia, se prevé que en las reuniones de los respectivos consejos haya un fuerte debate sobre la gran operación de concentración eléctrica del mercado español.

Los principales problemas para aprobar la fusión pueden darse en el consejo de Iberdrola, empresa en la que el BBVA tiene una participación del 10% del capital y cinco consejeros (Rafael de Icaza, Javier Aresti, José Domingo Ampuero, Ricardo Álvarez-Isasi y Ramón Rotaeche) y se opone a la fusión. A estos votos se puede unir el de José Ignacio Berroeta, de la BBK. La caja, que controla el 7,5% de Iberdrola, también la rechaza.

Cuando se anunció la operación el pasado mes de octubre los cinco votos del BBVA y el de la BBK fueron negativos. Cuatro consejeros independientes se abstuvieron y 13 votos fueron favorables. El consejo de hoy descubrirá si ha habido cambios en este último periodo y en este sentido el BBVA medita su decisión tras los contactos mantenidos durante el fin de semana. El pasado viernes el BBVA guardó silencio mientras que la BBK ratificó su oposición al proyecto. Otro interrogante es la postura de los fondos de inversión estadounidenses que controlan el 40% de la eléctrica vasca y cuyo precio en la ecuación de canje para la fusión no fue bien recibido.

El consejo de Endesa tiene, en principio, menos problemas para aprobar la fusión, aún con las limitaciones del Gobierno. No obstante, el pasado viernes la empresa extrajo una impresión 'negativa' de las condiciones impuestas por el Gobierno. En todo caso, lo que aprueben los respectivos consejos tendrá que ser sometido luego a las juntas generales extraordinarias (que aún no han sido convocadas), sobre las que recae la decisión última.

Las condiciones que el Gobierno puso para aprobar la fusión son las siguientes: limitó la capacidad de generación de la nueva empresa al 42% del mercado (el TDC sugirió el 35%). Además, el Ejecutivo le impuso un máximo del 48% del mercado en distribución (el TCD lo fijó en el 41%) y un 40% en el apartado de comercialización hasta 2005 (el TDC lo había fijado en ese mismo porcentaje hasta 2004).

Asimismo, el Gobierno les da un plazo de 14 meses para desprenderse de los activos por el procedimiento de subasta. El Tribunal sólo le había dado seis meses para hacer las desinversiones.

Entre las condiciones impuestas por el Gobierno destaca también que en el plazo de diez días las empresas deben presentar su plan de desinversión de activos ante el Servicio de Defensa de la Competencia. Éste tendrá un plazo de dos meses para aprobarlo. Si ese plan se aprueba, las eléctricas tendrán un mes para presentar una propuesta sobre los activos que serán subastados. Las empresas prevén ingresar tres billones de pesetas por esas ventas.

Por otra parte, el Gobierno vasco tiene previsto dar a conocer a lo largo de esta semana su valoración de la propuesta de fusión. El sindicato UGT también prevé presentar al Ejecutivo español a comienzos de esta semana su propuesta para que se unifiquen las condiciones laborales para los trabajadores de las dos eléctricas.