Rudi propone cambios legales para defender las competencias del Congreso

El informe de los servicios jurídicos del Congreso sugiere que las Cámaras impulsen una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para que las Cortes puedan denunciar en ese órgano cuando consideren que una sentencia interfiere sus competencias legislativas. La presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, apuesta por esta modificación legal. Los letrados, eso sí, reconocen que no pueden recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula la congelación salarial de los funcionarios.

Rudi aportó ayer en Valencia su reflexión personal y añadió que hoy mismo planteará en la reunión de la Mesa de la Cámara baja 'la necesidad de establecer alguna modificación legal que preserve de manera clara el instrumento' que pueden utilizar las Cortes ante situaciones como el recurso del Gobierno contra la sentencia de la Audiencia sobre la congelación salarial.

La secretaria del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su 'estupor' porque 'ni a la presidenta ni a la Mesa, sino a los grupos políticos, compete la iniciativa legislativa'. Y el miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE Jordi Sevilla remachó que finalmente el Gobierno tendrá que sentarse a negociar con los sindicatos sea cual sea el resultado de sus recursos 'porque cuando un Gobierno altera las condiciones de un contrato, tiene que indemnizar'.

La Mesa del Congreso, en cualquier caso, analizará hoy el informe preparado por los servicios jurídicos a instancias de la presidenta. Rudi lo pidió para ver las posibilidades de que el Congreso recurriera la polémica sentencia. Los servicios jurídicos del Congreso, al igual que los del Senado el pasado lunes, han concluido finalmente que no hay vía jurídica para la personación de las Cortes en la causa.

El informe se plantea si el Congreso podría recurrir, ya sea por la vía contencioso administrativa o ante el Constitucional. Concluye que no. 'La Cámara no está legitimada para formular un recurso de casación (...) porque no ha sido parte en el procedimiento'. Tampoco 'puede interponer un recurso de casación en interés de ley', una vía que el informe del Senado desaconsejaba porque no interrumpe la ejecución de esta sentencia y, por tanto, el Estado tendría que pagar. Los letrados rechazan la posibilidad de que las Cámaras puedan recurrir ante el Constitucional, ni con un recurso de inconstitucionalidad ni de amparo, 'porque ni las Cámaras tienen condición de ciudadanos ni pueden invocar un derecho o libertad fundamental lesionado'.

Ahora bien, los letrados sugieren 'la posibilidad de que un diputado que se considere afectado en el ejercicio de sus funciones por el fallo de la sentencia plantee un recurso de amparo individual ante el Tribunal Constitucional alegando la violación de un derecho fundamental'. Esta posibilidad la esbozó el informe del Senado.

El informe del Congreso también descarta 'la posibilidad de suscitar un conflicto entre órganos constitucionales', porque la sentencia la ha dictado un tribunal y no el Poder Judicial. Pero estos letrados abren una puerta nueva: 'La posibilidad de articular por vía legislativa la facultad de las Cámaras de reaccionar frente a aquellas sentencias que consideren que inciden sobre sus competencias al enjuiciar leyes aprobadas por las Cortes Generales'. Esta opción a futuro requeriría la reforma de la LOTC, que exige el voto de la mayoría absoluta de ambas Cámaras.

Las consideraciones sobre esta modificación se las reserva el PSOE para la reunión de la Mesa de hoy, pero ayer Fernández de la Vega denunció la 'interferencia del Ejecutivo en el Legislativo desde hace cinco años'. Según esta diputada, 'el lunes en Moncloa se decidió que ya no hacía falta la artillería jurídica de las Cortes al saber que la Audiencia les iba a admitir la elevación al Tribunal Supremo del recurso de casación a la sentencia'.

El PSOE se preguntó cómo era posible que los argumentos jurídicos de los letrados, todavía no conocidos por la mañana oficialmente, fueran utilizados ayer a esa hora por el secretario general del PP, Javier Arenas, en un acto de su partido. Esto ya ocurrió el lunes. Arenas adelantó entonces, en un encuentro de reflexión sobre el centro, el principal argumento del informe del Senado: que sólo el Tribunal Constitucional puede dirimir si una ley (la de Presupuestos de 1997) vulnera otra ley anterior (la 7/1990 sobre la Función Pública).

Ayer, en un foro sobre Formación Profesional, Arenas anticipó que el PP no descarta que sus diputados a título individual recurran la sentencia, como aconsejan los informes de las Cortes. Aunque pidió tiempo para desarrollar el recurso del Gobierno.