La Guardia Civil identificó facturas falsas en el Consejo del Priorat

Irregulares o falsas, sin contenido, desconocidas, pagadas dos veces y correctas. El Grupo de Delitos Ecónomicos de la Guardia Civil calificó de esta manera cinco tipos de facturas emitidas por el Consejo Comarcal del Priorat entre 1993 y 1995. La participación de los agentes en la instrucción judicial del caso Priorat se vio ayer en el proceso que se sigue en la Audiencia de Tarragona contra los ex rectores del organismo de la Administración local.

El testimonio de un agente del Grupo de Delitos Económicos evidenció el funcionamiento -como poco, desordenado- del organismo comarcal durante la gestión del convergente Josep Maria Buil y del gerente Enric d'Anguera, ambos acusados, junto con cuatro consejeros, el secretario y dos empresarios, de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental.

Ayer la declaración del agente ratificó las tesis del ministerio público. El testimonio del agente rebatió uno de los argumentos principales de las defensas de los empresarios acusados, Armand Gutiérrez, de Eco-lògica, y Francesc Puertas, de Ieder, quienes declararon que habían tratado de comunicarse con los nuevos gestores del consejo para regularizar la situación de los proyectos que ya habían cobrado pero no se habían materializado. Según el agente, 'fueron requeridos en diversas ocasiones para que aportaran la documentación, con resultados negativos'.

La jornada de ayer era esperada porque tenía que testificar Jaume Figueras, miembro de Unió Democràtica y sucesor de Buil al frente del consejo. Figueras, que recordó que llegó a la entidad en virtud de los pactos entre las direcciones de Convergència y de Unió, rebatió la existencia de ánimo vengativo o animadversión política hacia sus predecesores, contrariamente a lo que sostienen las defensas de éstos, y aseguró que cuando se descubrieron las irregularidades y se puso en contacto con Buil, éste le espetó: 'Que cada palo aguante su vela'. Figueras reiteró que los empresarios involucrados en el caso nunca trataron de ponerse en contacto con los nuevos gestores.