La subida mínima para cada funcionario asciende a 203.000 pesetas y la máxima a 677.000, según CC OO

Los sindicatos CC OO, UGT y CATAC están dispuestos a convocar movilizaciones de los funcionarios al margen de los acuerdos a los que se llegue a escala estatal, dijo ayer Frederic Monell, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT. 'Vamos a pedir a la Audiencia que se pronuncie sobre la extensión de la sentencia a todas las administraciones', dijo Monell. 'La sentencia de la Audiencia Nacional afecta a todas las administraciones que siguieron aplicaron la subida salarial del 2%', agregó el dirigente de UGT.

Los atrasos que cada funcionario podría recibir equivaldrían a una subida del 13,5% sobre su sueldo actual. CC OO calcula que las categorías inferiores de la Administración recibirán unas 203.000 pesetas y las intermedias, 406.000. La cantidad máxima que percibirían por atrasos sería de 677.000 pesetas por funcionario. 'Existe base jurídica suficiente para afirmar que la sentencia de la Audiencia Nacional obliga a la Generalitat; además, el estatuto de la función pública y el acuerdo con los sindicatos también obligan al Ejecutivo', dijo Joan Carles Gallego, coordinador del Área Pública de Comisiones.

La Generalitat no se siente vinculada por la sentencia de la Audiencia, pero entiende que si ésta fuese favorable a los sindicatos, aplicaría el mismo criterio que la Administración central. De momento, la Generalitat no es ni siquiera parte judicial de esta sentencia, como tampoco lo son las administraciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones. Sin embargo, la aplicación del fallo supondría un precedente de efectos inmediatos sobre el resto de las administraciones no implicadas, puesto que si los topes salariales del Estado tienen rango de ley de bases -se reflejan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado-, también lo tendrá el pago de los atrasos previstos en la sentencia.

El secretario de la Función Pública del Departamento de Gobernación, Josep Ramon Morera, ha manifestado que la Generalitat está a la expectativa hasta que se vea el alcance de esta sentencia y el 'recurso anunciado por Administraciones Públicas, pero en ningún caso estamos haciendo la política del avestruz, como se ha dicho'.

Por su parte, el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, recordó que el fallo sólo vincula a la Administración central, porque fue la que la aprobó para sus funcionarios. 'La mayor parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos secundaron la medida del Gobierno, ya que están obligados a ella por ley', dijo Mas.De acuerdo con cálculos de Comisiones Obreras, la subida salarial que debería aplicarse a los funcionarios es del 13,52%. Este porcentaje, según los sindicatos, se calcula teniendo en cuenta que deben modificarse las bases de cálculo de los sueldos entre los años 1997 y 2001.

Desde CC OO ya se han efectuado los primeros cálculos concretos de qué puede suponer el pago de atrasos a los funcionarios. El sindicato considera que deben revisarse los salarios de 127.519 empleados al servicio de la Generalitat, 65.700 que trabajan en ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales, 19.900 en las universidades públicas, 10.000 que están empleados en empresas públicas y otros 20.000 funcionarios que pertenecen al personal de la Administración central en Cataluña. En total, más de 240.000 empleados públicos.

Recurso inminente

Los cálculos sindicales se extienden a las diferentes categorias laborales de la Generalitat. Así, quienes perciben los salarios más reducidos -de 1,5 millones de pesetas anuales- deberían cobrar por atrasos 203.322 pesetas. Para las categorias intermedias, con salarios anuales entre 2,5 y 3 millones de pesetas, los atrasos que percibirían serían de 338.870 y 406.645 pesetas, respectivamente. En el caso de los salarios que superan los cinco millones de pesetas, los atrasos que se deberían recibir serían de 677.741 pesetas de pesetas, de acuerdo con los cálculos de CC OO.

Pero las distintas administraciones insisten en que agotarán todas las vías para evitar pagar los atrasos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer en Barcelona que los ministerios de Justicia y para las Administraciones Públicas presentarán recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional en los próximos días. El objetivo del Gobierno es llegar hasta el Tribunal Supremo si no prospera su recurso ante la Audiencia Nacional.

La Generalitat considera que la sentencia no le afecta, al menos por el momento. Pero aunque no se considera parte afectada, sí cree en cambio que, si se aplicara la sentencia a los funcionarios de la Administración central, el Ejecutivo catalán lo llevaría a cabo en igual medida en Cataluña. Las negociaciones con los sindicatos las lleva Josep Ramon Morera, secretario de la Función Pública, del Departamento de Gobernación, que dirige Josep Antoni Duran Lleida. Algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, aún no han estudiado el impacto de la sentencia.

Las centrales sindicales presentarán hoy mismo una petición de apertura de una mesa extraordinaria de negociación con la Generalitat. Los sindicatos de la función pública alcanzaron el pasado 15 de diciembre un acuerdo con la Generalitat para las condiciones de trabajo del trienio 2001-2003.

Por otra parte, el 75% de la plantilla de la Guardia Urbana ha rechazado el preacuerdo del convenio. De los agentes que fueron llamados a las urnas, 1.166 dieron su voto negativo y sólo 386 se pronunciaron a favor. El porcentaje de participación de este colectivo fue del 100%.

Entre otros puntos, el preacuerdo preveía un aumento salarial del 4%, la convocatoria de 500 plazas de promoción interna y la configuración de una relación de los puestos de trabajo en el plazo de un año.