Mas-Colell atribuye la sentencia a una campaña para marginar el catalán

A juicio de la Sección Quinta del TSJC, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tarragona se quedó corto al anular nueve apartados del reglamento de la URV y amplía la medida a 16 de un total de 30 'por disponer el uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen a la otra lengua oficial'. Con esta sentencia, el tribunal resuelve el recurso interpuesto por las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Profesores para la Democracia, vinculadas al eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. La URV anunció ayer que modificará el contenido del redactado y lo someterá a nueva aprobación en el próximo claustro del mes de mayo, aunque estudiará la presentación de un recurso de casación ante el Supremo.

El TSJC parte de las resoluciones del Constitucional y del Supremo por las cuales 'la imposición del uso de una de las lenguas oficiales, con exclusión de la otra, es disconforme con el ordenamiento jurídico'. Siguiendo este precepto, realiza un exhaustivo estudio del reglamento de la URV, que consta de siete artículos. La sentencia anula tres en casi su totalidad: los referidos a usos lingüísticos internos, los externos y las actividades académicas. En este último apartado se exigía acreditar un nivel suficiente de catalán como requisito para la contratación de nuevos docentes.

El Alto Tribunal considera que estos artículos 'disponen del uso del catalán de forma imperativa, sin dejar margen de actuación a la otra lengua oficial. Se apartan de lo dispuesto en la Ley de Política Lingüística y de la doctrina constitucional y deben ser declarados nulos de pleno derecho'.

El TSJC se muestra conforme con la sentencia de primera instancia que reprochaba el uso del término 'dominio lingüístico catalán' para referirse a los territorios en los que el catalán es lengua oficial y recomienda el uso de 'ámbito lingüístico catalán'. El reglamento imponía que la correspondencia con instituciones de Valencia o Baleares fuera sólo en catalán. En la práctica, el Alto Tribunal cuestiona todos los artículos que 'de forma imperativa' regulan el uso exclusivo del catalán y deja incólumes los referidos a programas informáticos, la denominación institucional de la URV y aquellos que contemplan la posibilidad de utilizar otras lenguas.

El fallo tampoco se opone al artículo segundo, que oficializa al catalán 'como lengua propia de la URV y, como tal, de uso general y prioritario en todos los ámbitos'. Una apostilla del redactado, en el que se alude al Estatuto de Autonomía, es lo que le salva puesto que éste sí reconoce la cooficialidad de catalán y castellano. El TSJC alerta, aun así: 'Será en las actuaciones que la URV desarrolle en la aplicación del reglamento que, de darse excesos, se podrá, eventualmente, reaccionar contra ellos'.

El tribunal ha tenido, además, que estudiar la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlament de Catalunya en 1998, por su relación con la redacción del reglamento. Según el fallo, expresiones como 'vehículo normal', 'normalmente se tendrá que utilizar el catalán', son las que garantizan la constitucionalidad de la ley porque no constituyen una exclusión del castellano.

El vicerrector de la URV, Antoni Pigrau, señaló ayer tras conocer la sentencia que será fácil reformar el reglamento para adaptarlo a las expresiones que utiliza la Ley de Política Lingüística, es decir, la sustitución del término 'sólo', por el de 'normalmente'. La modificación del reglamento se realizará antes del próximo claustro, previsto para el mes de mayo.El vicerrector de la Universidad Rovira y Virigili, Antoni Pigrau, que compareció ayer en lugar del rector, Lluís Arola, reconoció el tono imperativo del redactado del reglamento de usos lingüísticos y recordó que la adición de términos como 'uso normal', 'normal o preferente' o el cambio de 'dominio lingüístico' por 'ámbito lingüístico' no va a resultar 'una cuestión traumática'.

Pigrau aseguró que en todo momento la URV 'ha actuado de buena fe, sin ninguna voluntad de persecución del castellano' y recordó que el reglamento, aprobado de forma unánime por el claustro de la universidad el 21 de enero de 1999, obedecía al mandato de una Ley de Política Lingüística aprobada con dificultades por el Gobierno de CiU 'con sectores políticos interesados en ir en su contra, tal y como ya anunciaron públicamente'.

Pigrau se refería, sin mencionarlas, a las dos formaciones que impugnaron los reglamentos, Profesores para la Democracia y Convivència Cívica Catalana, esta última liderada por el conservador Aleix Vidal-Quadras. El vicerrector avanzó que estudiarán la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo pero aseguró igualmente que se modificará el reglamento.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio también a conocer ayer el fallo sobre el recurso presentado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona contra la resolución de otro juez que suspendió cautelarmente la totalidad de sus 'medidas para la regulación y fomento del uso del catalán'. En la UPF, a diferencia de la URV, éstas no habían sido aprobadas por el claustro sino por la junta de Gobierno de esta universidad y en fecha muy posterior. Un juez aceptó el recurso de Profesores para la Democracia contra esta normativa y la suspendió cautelarmente, pero otro tribunal rechazó el de Convivencia Cívica Catalana en el mismo sentido. Ayer, el TSJC levantó la suspensión cautelar con excepción de cuatro artículos y no se pronunció sobre el fondo.

El rector de la UPF, Enric Argullol, se mostró satisfecho por el fallo provisional. 'Estamos en una fase de medidas cautelares', dijo, 'en realidad lo que hace la resolución judicial es dar un importante varapalo al juez que decretó la suspensión cautelar de la totalidad de nuestras medidas sobre el catalán, en el sentido de que fue más allá incluso de lo que le pedían las partes'.

Capitanía general

Las reacciones a la cascada de fallos del TSJC sobre el tema lingüístico en el mundo universitario fueron variadas. El Gobierno de la Generalitat intentó ayer quitar hierro al varapalo recibido por la URV. El consejero de Universidades e Investigación, Andreu Mas-Colell, restó importancia a la sentencia del TSJC aunque acusó a 'determinadas organizaciones que llevan los temas lingüísticos a los tribunales' de intentar 'marginar el catalán'. Mas-Colell destacó que la sentencia es el resultado de una campaña con 'nombre y apellidos', refiriéndose a Vidal-Quadras.

La actitud del titular del Dursi, sin embargo, apuntó un pequeño giro respecto a su postura anterior, al reconocer que 'puede ser mejor no reglamentar hasta los últimos aspectos una realidad tan compleja como la lingüística'. Pero sobre la cuestión concreta de la rotulación en los dos idiomas fue tajante: 'Que empiecen por Capitanía general', dijo.

Desde Esquerra Republicana (ERC), su diputado Josep Bergalló calificó la sentencia de 'incongruente' porque los reglamentos emanan de la Ley de Política Lingüística y ésta no ha sido declarada inconstitucional. 'Lamentamos profundamente que criterios políticos interfieran en la autonomía universitaria, y que a la vez, pretendan mantener una situación de privilegio del castellano en Cataluña, imponiendo a la población una realidad que no es justa ni equilibrada, ni se aviene con la voluntad mayoritaria del pueblo catalán', decía la nota de ERC.

Los socialistas catalanes adoptaron una postura más distante. La responsable de temas de educación del PSC Montserrat Duch dijo sobre la sentencia: 'Nos obligan a todos a un esfuerzo para hacer compatible el avance del uso social del catalán y el respeto a los derechos lingüísticos individuales'. Desde la izquierda no socialista, Rafael Ribó (IC-V) lamentó que 'una cuestión tan fundamental como es el derecho a normalizar la lengua catalana tenga que pasar por los tribunales'. El PP valoró el fallo positivamente. 'Recoge la normalidad que vive el país', dijo Dolors Nadal.