La Fiscalía carece de datos exactos sobre los jóvenes afectados por la nueva ley del menor

De los seis excarcelados de Picassent, los dos que han sido sometidos a vigilancia superaban ya los seis meses de prisión preventiva, periodo máximo permitido por la nueva ley frente a los dos años que admitía el Código Penal aplicado hasta ahora a los mayores de 16 años. Uno de estos afectados fue encarcelado por tráfico de drogas mientras que el otro espera juicio como supuesto autor de un homicidio cometido en Cullera el 28 de junio de 1998. Otros dos jóvenes, que deberán someterse a medidas cautelares, cumplían penas de prisión por un delito de robo con intimidación y por un intento de agresión sexual. Los dos internados en Pi Gros tenían condenas de más de dos años de prisión por un delito de robo con violencia.

Pero los datos no están cerrados. El fiscal jefe, Enrique Beltrán, aseguró que aún quedan por examinar entre 50 y 55 casos, para lo cual los fiscales dispondrán de dos meses. De éstos, entre unos 30 y 35 se corresponden a penados que cumplen condenas firmes en Picassent mientras que unos 15 se encuentran en situación de preventivos a la espera de juicio. Beltrán señaló, además, que durante el fin de semana sólo se detuvo a un joven por un robo y que éste ya se encuentra libre y bajo la tutela de sus padres. Beltrán aseguró que los medios facilitados por la Generalitat valenciana para la aplicación de la nueva ley eran suficientes aunque lamentó las prisas de última hora.

Por otra parte, entre los tres jóvenes excarcelados de Alicante uno espera juicio como supuesto autor de 19 violaciones. Sobre otros dos pesa una condena de más de 40 años acusados de matar en 1984 a un hombre y dejar a otro herido en el municipio de San Fulgencio (La Vega Baja). Los jóvenes reclusos, quienes cometieron el delito con 14 y 15 años, respectivamente, serán liberados tras cumplir una pena de 12 años de cárcel.

Problemas en Pi Gros

El responsable de servicios sociales de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Femenía, destacó ayer los diversos problemas que han afectado a Pi Gros, el único centro totalmente público de internamiento de menores -cuya gestión prevé privatizar en breve Bienestar Social- situado en Castellón. Femenía denunció la falta de talleres ocupacionales para los internos o de espacio al aire libre para esparcimiento dentro del centro debido a las obras de acondicionamiento que se están realizando. Criticó la falta del número de profesores y educadores prometidos por la dirección territorial de Servicios Sociales, ya que frente a los 43 previstos, ayer únicamente había 20. Ayer se realizaron un total de 30 entrevistas de selección de educadores, pero ante las condiciones tan precarias en las que se encuentra el centro, sólo dos trabajadores aceptaron la plaza, informa María Fabra. 'Pi Gros es actualmente un párking de menores', apuntó Femenía, quien señaló que de los seis jóvenes ingresados el sábado quedan cuatro internos, todos ellos chavales de entre 20 y 21 años que cometieron los delitos siendo menores de edad. Ante esta falta de medios, que se extiende a la carencia de enfermeros, médico, psicólogo, cocina o trabajadores sociales, o la falta de proyecto educativo, Femenía achacó a la falta de planificación y a las prisas los problemas del centro de Castellón y dudó de las posibilidades de reinserción que ofrece Pi Gros ante el estado que presenta actualmente. En la misma línea, se situaron las críticas de la concejal socialista de Castellón, Francisca Cardo, quien achacó la demora en las rehabilitación del centro a 'la ineficacia de los dirigentes del PP'. Cardo criticó la situación caótica del centro desde hace años y vaticinó que los internados estarán desatentidos.