Una oportunidad para la competencia eléctrica

El debate abierto en los medios de comunicación sobre el proyecto de fusión entre Endesa e Iberdrola permite, a pesar de la evidente desigualdad en la información disponible por los diversos grupos de intereses en presencia, realizar una discusión interesante desde dos puntos de vista que, aunque separables en la exposición, son complementarios en lo que se refiere a las conclusiones del análisis. El primero se ciñe a un enfoque básicamente económico del proyecto de fusión; se trata de dilucidar la naturaleza y magnitud de los efectos de la operación sobre la necesidad de reforzar a las grandes empresas españolas para jugar un papel relevante en los mercados europeo e internacional, sobre el nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico y sobre los intereses de los consumidores. El segundo hace referencia a las conductas, esperadas o deseables, de los poderes e instituciones en juego, es decir, del Gobierno, de los directivos de las empresas, en tanto que representantes del poder económico residenciado en ellas, y de los organismos,Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Tribunal de Defensa de la Competencia(TDC), que tienen atribuidas competencias legales para intervenir en este tipo de operaciones.

El Gobierno tiene en sus manos una buena oportunidad para actuar en defensa de los intereses generales -

El primer enfoque lleva a discutir sobre la calidad, actual y futura, en el funcionamiento de las reglas del mercado en el sector eléctrico y sobre el reparto de las rentas generadas entre los consumidores y los excedentes empresariales; el patrón ideal de referencia es que un mercado de competencia perfecta permite una asignación de recursos más favorable al bienestar social. El segundo nos puede orientar sobre la calidad en el funcionamiento democrático de los poderes -político, económico e institucional- en la sociedad española; aquí, el patrón de referencia lo integran la transparencia en la información, la motivación suficiente en las decisiones administrativas y el servicio a los intereses generales.

A estas alturas del debate público sobre la fusión Endesa-Iberdrola, existen pocas dudas de que su realización sin condiciones sólo tendría efectos positivos para los accionistas y directivos de las empresas. En un mercado que avanza a pasos tímidos hacia la liberalización en los segmentos susceptibles de ello, la suma de las cuotas de mercado en las fases de generación, distribución y comercialización de las dos empresas que proyectan la fusión, unido a las fuertes barreras de entrada existentes, proporcionarían un poder de mercado a la empresa resultante de tal magnitud que haría inviable cualquier avance hacia la liberalización, alejaría al sector de cualquier horizonte de competencia efectiva y tornaría a los consumidores en súbditos.

Por ello, el debate se ha centrado en las condiciones a las que debería someterse el proyecto de fusión y, más concretamente, en las cuotas de mercado que retendría la empresa fusionada en las distintas fases del proceso de producción de energía eléctrica y en el Plan de Cesión de Activos propuesto por las empresas para reducir el impacto negativo del proyecto de concentración sobre el nivel actual de competencia efectiva.

Aunque la información disponible sobre el citado plan es muy reducida, de lo que se sabe y, lo que importa más, del mismo hecho de que las empresas no hayan aportado los detalles del mismo, puede deducirse que no se ha diseñado para elevar el nivel de competencia en el sector. Algunas razones para sustentar tan atrevida afirmación:

- Incrementar en dos el número futuro de operadores en el mercado de generación eléctrica no es una garantía para el aumento de la competencia. Lo relevante a estos efectos es el tamaño relativo de las empresas y el grado de rivalidad de las mismas a la hora de ofertar precios.

- El mantenimiento del 62% del mercado de distribución en manos de la empresa fusionada incrementará el control de los clientes finales y actuará como elemento disuasorio para potenciales competidores en la fase de comercialización. -

E Las carencias e imprecisiones del Plan de Cesión de Activos imposibilitan entrever la estructura empresarial futura del sector, la distribución de los activos productivos entre las empresas y la posición relativa de los potenciales competidores de la empresa fusionada. Por ello, existen riesgos importantes de que se dejen para más adelante decisiones importantes que puedan adoptarse mediante negociaciones y acuerdos poco transparentes y sesgados hacia los intereses de la empresa fusionada. Para limitar y evitar tales riesgos, sería necesario que el plan fuera concreto y se apoyara en los siguientes criterios: agrupación de los activos a desinvertir en paquetes equilibrados que permitan a los compradores una base material para competir con posibilidades de éxito, procedimiento de venta objetivo y neutral, tanto en la selección de los posibles compradores como en el método para la adjudicación de los activos, garantías de que la gestión del plan se realizará de forma independiente, en un plazo razonable y eliminando cualquier posible colusión entre el gestor y la empresa fusionada, y seguridad jurídica para los compradores, lo que es improbable mientras que no se resuelva definitivamente el expediente comunitario sobre las ayudas de Estado que, y no otra cosa, son los denominados 'costes de transición a la competencia'.

Es comprensible, hasta encomiable, que los directivos de las empresas que pretenden fusionarse anhelen empresas más grandes y potentes para proporcionar mayor valor a sus accionistas. También cabe esperar de ellos, como de otros ciudadanos cualesquiera, el máximo respeto a los usos y costumbres de una sociedad democrática. No obstante, algunas declaraciones y actitudes de los mismos manifestadas en estos días sugieren un estilo de relaciones con los poderes públicos preñado de conceptos y prácticas propios de una situación de monopolio en la que los resultados empresariales se consiguen, en buena medida, mediante negociaciones con el Gobierno de turno. A modo de ejemplos:

- ¿Por qué identifican el reforzamiento financiero de la empresa fusionada con los intereses generales de la economía española? ¿No es posible que Endesa e Iberdrola crezcan en nuevos mercados y negocios sin necesidad de mantener situaciones de dominio en el sector eléctrico español? ¿Cómo superan la contradicción de arrogarse la voluntad e iniciativa en el proceso de liberalización del sector en beneficio de los consumidores y , a la vez, apuntarse a la denostada 'teoría de los campeones nacionales' que ya sólo practican, si es que lo hacen, los Gobiernos socialdemócratas franceses?

- ¿A que viene la agria reacción ante las partes del informe de la CNE que no coinciden con su proyecto? Si realmente quieren convencernos de la bondad de la fusión, ¿por qué no ser más transparentes en la información y exponer argumentos en vez de rabietas?

- Si hay que negociar un nuevo marco que sustituya al Protocolo firmado en 1996, ¿cómo pueden pretender el milagro de avanzar hacia la competencia total en el sector sin que ello afecte al equilibrio de las cuentas de las empresas?

Están más que justificadas las expectativas sobre el contenido y conclusiones de los informes no vinculantes que han de emitir los organismos con atribuciones en materia de defensa de la competencia (CNE y TDC). Porque se va a poner a prueba su necesaria independencia de los poderes económico y político, su capacidad para ir creando doctrina y, en suma, su prestigio ante los ciudadanos españoles y la comunidad económica internacional. Su tarea no es fácil: sustraerse a las presiones de unos y otros, orillar la pretensión de satisfacer a la vez los intereses de las empresas con poder de mercado y de los consumidores y evitar la tendencia comprensible a actuar, cual cortesanos, ante el Gobierno, no son posibles sin dejarse algunos pelos en la gatera.

Ciertamente, la decisión última sobre la fusión corresponde al Gobierno. Esto es así porque el propio Gobierno lo ha querido; la regulación del sector eléctrico, que recorta las competencias de la CNE en este tipo de expedientes, las normas que ha propuesto y hecho aprobar en el Parlamento sobre las funciones del TDC y sus propias atribuciones en los procesos de concentración empresarial y la propensión -también practicada por Gobiernos de otro signo- a intervenir en decisiones relevantes de las empresas grandes, le confieren una capacidad de decisión que excede a la que sería deseable en un modelo óptimo de reparto de funciones en una democracia moderna.

El Gobierno tiene en sus manos una buena oportunidad para actuar en defensa de los intereses generales, mandar un mensaje claro a los poderes económicos y acrecentar su (a decir del propio Gobierno) ya elevado prestigio ante sus socios europeos en materia de liberalización y defensa de la competencia. Para ello, bastaría con que:

- Hiciera suyas las propuestas y recomendaciones de los informes de la CNE y del TDC. Si discrepa, y prefiere actuar con otros criterios y soluciones, tendrá que convencernos haciendo públicos los informes y motivando su decisión definitiva.

- Propusiera las modificaciones necesarias en la regulación vigente del sector eléctrico para que: se reconozca inmediatamente a todos los consumidores la libertad para elegir suministrador; se reduzcan sustancialmente las cuotas de mercado máximas que una empresa puede poseer en los segmentos de generación, distribución y comercialización; se declarara incompatible el ejercicio, por una misma empresa, de las actividades de distribución y comercialización, y se atribuyeran mayores atribuciones a la CNE para velar por la competencia efectiva en el sector.

- Redujera los niveles de riesgo que deben asumir los operadores que quieren entrar en el sector, estableciendo de forma clara y objetiva las reglas de juego y dejando que las empresas desarrollen sus propias estrategias competitivas.

En suma, el Gobierno tiene la oportunidad de decidir de forma que avancemos en la democracia económica y profundicemos en la democracia política.

Antonio Fernández Segura es economista.