Barberá aporta cinco informes para justificar el proyecto de El Cabanyal

La resolución de la Consejería de Cultura sobre el proyecto municipal de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia hasta el mar a través del barrio El Cabanyal llega a su fin. Tras varias prórrogas, el Ayuntamiento gobernado por Rita Barberá, del PP, remitió ayer a la subsecretaria de la consejería, Ascención Figueres, cinco informes más para respaldar una intervención que los técnicos de Patrimonio del propio departamento consideraron injustificada en julio. En su informe, los técnicos indicaban que la documentación presentada no justificaba una mejora en el conjunto declarado Bien de Interés Culturala, única excepción recogida en la Ley de Patrimonio que permite intervenir en una zona así protegida. Figueres deberá resolver el informe antes del 8 de enero, día hábil en que finaliza el periodo, aunque la subsecretaria afirmó ayer que 'no es necesario agotar los plazos'. También añadió que la resolución se emitirá 'en función de la documentación completa que tiene la consejería'.

Los nuevos informes aportados por el Ayuntamiento y que deben justificar que el plan contribuye a la mejor conservación de la trama urbana declarada BIC, según resolución dictada en octubre por la propia Figueres, han sido elaborados por los arquitectos redactores del proyecto de prolongación, Joaquín Monfort y Vicente Corell; el arquitecto y redactor del PGOU de Valencia, Alejandro Escribano; el catedrático de Derecho Administrativo de Madrid Rafael Gómez-Ferrer y los jefes de los servicios de Asesoramiento Urbanístico y de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

La plataforma vecinal Salvem El Cabanyal-Canyamelar, contraria a la prolongación, accedió, finalmente, al expediente con los citados informes tras dos intentos infructuosos. De hecho, una veintena de personas se encadenaron a las puertas del edificio nuevo del Ayuntamiento para conseguir su propósito y protestar por lo que considera un abuso.

El concejal de Urbanismo, Miguel Domínguez, explicó ayer que hasta que no se entregó 'oficialmente' los informes a Cultura no se había remitido la citada información pública tanto a Salvem El Cabanyal como a los grupos de la oposición. A este respecto, los concejales del PSPV, Rafael Rubio, y Manuel Ibáñez, de EU, calificaron ayer de 'ilegales' los informes debido a que 'el contenido' de los mismos no se aprobó previamente en el pleno del Ayuntamiento', como sucedió con la documentación municipal anterior remitida a Cultura.

Representantes de Salvem El Cabanyal señalaron que la nueva documentación es 'un traje a medida' de los planes de la alcaldesa Rita Barberá. El portavoz vecinal Emilio Martínez y el asesor jurídico José Luis Ramos subrayaron que los informes vienen a decir que el proyecto 'no rompe la trama, y por tanto, es legal', y coincidieron en señalar que el Ayuntamiento ha degradado las condiciones de vida del barrio para facilitar el proyecto.

Además, recordaron que la plataforma cuenta con los informes contrarios al Plan Especial de El Cabanyal de, entre otros, la junta de gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, de los propios técnicos de Patrimonio, y de destacados arquitectos nacionales e internacionales, como Oriol Bohigas, Richard Meier o Víctor Pérez Escolano.

El arquitecto y miembro de Salvem El Cabanyal, Vicent Gallard, hizo hincapié, a su vez, en la paradoja de que los nuevos informes no serán estudiados por los técnicos de Cultura y Patrimonio, entendidos en la materia, sino por la subsecretaría de la consejería, por lo que la decisión queda 'en manos de los políticos'. De hecho, Ascensión Figueres se ha hecho cargo del asunto tras abstenerse de la misma la directora general de Patrimonio Artístico, Consuelo Ciscar, competente en la cuestión, por estar implicada en una querellada que presentó y después retiró la plataforma vecinal. De esta manera, las dos cabezas visibles de la Consejería de Cultura, su titular, Manuel Tarancón, quien ha manifestado su opinión personal favorable al proyecto municipal, y la directora general Consuelo Ciscar, han quedado en un segundo plano en una de las cuestiones más conflictivas y mollares del debate urbanístico y patrimonial de Valencia en los últimos años.

Crítica a Escribano

El asesor jurídico de Salvem El Cabanyal, José Luis Ramos, además, descalificó a Alejandro Escribano 'por trabajar para los grandes especuladores de la ciudad' y ser 'un trabajador a sueldo que hace lo que le pide el empresario'.

El arquitecto municipal en excedencia que dirigió el PGOU de Valencia aprobado en 1988 respondió que el hecho de que ahora trabaje en un estudio privado no 'impide tener criterios propios e independencia'. 'No firmo ningún informe con el que no esté de acuerdo', añadió tajantemente al tiempo que recordó que siempre ha sido favorable a la prolongación hasta el mar de la avenida de Blasco Ibáñez, como se recogía en el PGOU. También señaló que entiende que la resolución debe ser política, 'vistos y oídos' todos los los informes, que no son vinculantes, sobre un proyecto que afecta como el patrimonio histórico no suficientemente reglada.

El concejal de Urbanismo, Miaguel Domínguez, por su parte, insistió en que de la nueva documentación se 'desprende la plena legitimidad y legalidad' del plan de El Cabanyal.