El guardia civil que mató a un inmigrante vulneró las normas sobre uso de armas

La Guardia Civil está ultimando una información reservada como paso previo a la probable apertura de un expediente disciplinario al agente que en la madrugada del pasado domingo mató de un disparo presuntamente fortuito a un inmigrante indocumentado que acababa de desembarcar en Tarifa (Cádiz). Al margen de las posibles responsabilidades penales, el guardia podría ser sancionado como autor de una falta grave por incumplir las normas sobre uso de armas de fuego. El fallecido fue identificado ayer como Abdelhadi Lamhamdi, de 23 años, originario del sur de Marruecos.

Sólo delitos graves

Según la versión oficial, que el agente ratificó ayer ante el juez, el arma se disparó accidentalmente cuando el guardia civil, que perseguía al indocumentado, le alcanzó en una zona escarpada y éste se revolvió haciéndole caer. Previamente, el agente le había conminado a detenerse, realizando un disparo al aire para intimidarlo, sin que le hiciera caso, por lo que prosiguió la persecución con el arma en una mano y una linterna en la otra.De este mismo relato se deduce la probable comisión de una falta grave, sancionable con hasta dos meses de arresto, consistente en "usar las armas en acto de servicio o fuera de él con infracción de las normas que regulan su empleo", según la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil de 1991.

El uso de armas de fuego viene regulado por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de 13 de marzo de 1986, que sólo autoriza su empleo cuando exista "riesgo grave" para la vida o la integridad física de los agentes o de terceras personas o para la seguridad ciudadana, siempre bajo los principios de "congruencia, proporcionalidad y oportunidad".

Más específica aún es la instrucción de abril de 1983 de la Dirección de la Seguridad del Estado. Dicha instrucción, todavía en vigor, a la que aludió el pasado lunes el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, limita drásticamente los casos en los que los agentes pueden emplear sus armas.

Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden hacer uso de sus armas de fuego en dos supuestos: cuando haya una agresión o para evitar la fuga de un presunto delincuente. La agresión, que debería "ser de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida o la integridad corporal de la persona o persona atacadas", está excluida en este caso, ya que el propio agente admite que no fue agredido por el inmigrante.Respecto a la fuga, que sí existió, la instrucción permite disparar al aire o al suelo con propósito intimidatorio, siempre que no haya otra forma de lograr la detención y que exista la certeza de que no pueda lesionarse a otras personas. Pero el disparo al aire, que reconoce haber realizado el agente, sólo está autorizado, según la instrucción de Interior, "en supuestos de delito grave" y la entrada ilegal en España ni siquiera es un delito leve, sino una mera falta administrativa.

La duda de que, en vez de un inmigrante irregular, el perseguido fuese un presunto contrabandista o narcotraficante tampoco justifica el comportamiento del agente, pues el último párrafo de la instrucción es categórico: "Si se duda de la gravedad del delito, o no es clara la identidad del delincuente, no se debe disparar". Por tanto, la falta disciplinaria no estaría tanto en el segundo disparo, que provocó la muerte al inmigrante, sino en el primero al aire. De no haberlo hecho, la pistola no se habría alimentado automáticamente y hubiera sido imposible un disparo fortuito.

El agente, que ha sido separado cautelarmente del servicio, tiene 24 años pero, pese a su juventud, no carece de experiencia, pues lleva cuatro años destinado en la Comandancia de Algeciras, primero como guardia eventual y luego con carácter definitivo.

El juez Antonio Valero, instructor del caso, no tomó ayer ninguna medida contra él a la espera de los informes forense y de balística, informa desde Algeciras.

El Consulado de Marruecos en Algeciras, que ha designado a tres abogados para personarse en la causa, identificó al fallecido como Abdelhadi Lamhamdi, de 23 años, originario de la provincia marroquí de Beni Mellal, una zona rural entre Casablanca y Marraquech. La autopsia del cadáver, practicada el lunes, habría confirmado la existencia de un impacto de bala de trayectoria ascendente con entrada por el costado izquierdo, bajo la axila, y sin orificio de salida, pues el proyectil quedó alojado en la cara. Algunas muestras han sido remitidas para su análisis al Instituto de Toxicología de Sevilla.

Ante el juez declaron también ayer por un breve espacio de tiempo otros diez magrebíes que llegaron en la misma embarcación que el fallecido. Ninguno presenció lo sucedido, aunque todos escucharon los disparos. La policía comenzó ayer tarde la repatriación de todos ellos.

Por su parte, el secretario de Estado para la Seguridad, Pedro Morenés, calificó la muerte del joven inmigrante de "incidente desgraciado". El número dos del Ministerio del Interior subrayó la labor humanitaria que la Guardia Civil realiza con los inmigrantes en el Estrecho, aunque matizó que ello "no quita para nada el que se diluciden responsabilidades si las hubiere".