El Supremo de Italia aclara el fallo sobre intereses "usureros"

Un acuerdo privado

El Tribunal Supremo italiano intervino ayer en la polémica sobre los intereses "usureros" cobrados por muchos bancos, desatada a raíz de una sentencia del alto tribunal. El secretario adjunto del Supremo, Alfio Finocchiaro, explicó que el fallo de la sección civil ha sido malinterpretado y todo el episodio "es susceptible de aclaraciones". Según Alfio, la sentencia no dice que sean nulos los intereses fijados por los bancos, cuando vulneran la ley anti-usura de 1996, sino que se limita a precisar que dicha ley es aplicable también a los intereses acordados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

Las espadas siguen en alto entre las asociaciones de consumidores y algunos partidos políticos de la izquierda, de un lado, y la poderosa asociación de banqueros italianos de otro, a la que dio un apoyo tácito el lunes el gobernador de la Banca de Italia, Antonio Fazio, al cuantificar el impacto económico de la sentencia, que podría superar los cuatro billones de pesetas.

Todo apunta a que el Ejecutivo italiano, cogido entre la espada y la pared, entre sus deseos de complacer a la opinión pública (sobre todo en una fase pre-electoral) y la necesidad de proteger el sistema financiero nacional, se las arreglará para incluir una enmienda en la ley de Presupuestos que está a punto de votar el Parlamento.

De este modo, podría, según los expertos, darle la vuelta a la sentencia, aunque la matización del magistrado Finocchiaro apunta ya un camino de acuerdo entre las partes. El diputado del partido de Los Verdes, Paolo Conte, criticó duramente la intervención de Fazio y pidió al Ejecutivo que no intervenga en este caso en contra de los derechos de los ciudadanos. Otro tanto han hecho las asociaciones de consumidores.

La ley anti-usura de 1996, que entró en vigor en 1997, no ha evitado que muchos italianos de a pie, algunos de ellos pequeños empresarios, hayan tenido que negociar préstamos a interés fijo muy por encima de la actual media oficial del 9,7%. Para los bancos, se trata de un acuerdo privado con el cliente que asume ya el riesgo de que los bandazos del mercado hagan bajar los intereses muy por debajo de los que él paga. Sin embargo, la tesis de la asociación de consumidores Adusbef, es distinta. A su juicio, los préstamos de este tipo deberían negociarse con una clausula de renegociación que corrigiera las diferencias excesivas. El abogado Roberto Vasalle, que combate desde hace años contra los abusos del sistema bancario, condenó el "alarmismo" del gobernador Fazio, quien eleva a más de cuatro billones de pesetas la suma que tendrían que desembolsar las entidades de crédito, caso de hacerse efectiva la sentencia de manera amplia; es decir, si hay que devolver a los clientes el total de las sumas pagadas al banco. Para Vasalle, dicha suma esconde una especulación a espaldas de los consumidores, porque los institutos de crédito han renegociado ya las obligaciones estipuladas a cuenta de los préstamos, mientras siguen cobrando intereses de usura.