Telefónica duda de que las llamadas locales puedan abrirse a la competencia en enero

Las "importantes complicaciones técnicas y administrativas" amenazan con retrasar la entrada de otras compañías de telefonía en el negocio de las llamadas locales sin prefijo, previsto para el 1 de enero próximo, según advirtieron ayer fuentes de Telefónica. La operadora, propietaria exclusiva de la red local, urge al Gobierno a que apruebe el reglamento de liberalización del bucle local del abonado, sobre todo las tarifas de interconexión. Retevisión ya ha denunciado a Telefónica por bloquear la competencia en las llamadas locales con acceso indirecto (con prefijo).

A partir del 1 de enero, cualquier abonado debería poder realizar una llamada local a través de otra compañía que no sea Telefónica sin tener que marcar un prefijo especial. En la práctica, no va a ser tan fácil. Fuentes de la operadora, propietaria de la red local, informaron ayer de que el escaso tiempo de que dispone para alquilar el bucle local de abonado -la línea que llega hasta el hogar de los usuarios- a otras compañías que ya ofrecen acceso indirecto para las llamadas a larga distancia hará casi imposible respetar la fecha prevista, fijada por la Comisión Europea para todos los Estados miembros de la UE.Telefónica quiere que el Gobierno fije lo antes posible las condiciones sobre las que, después, la compañía tendrá que negociar con la competencia el alquiler de su red local. Mientras tanto, la operadora propone pruebas piloto para detectar las necesidades reales que conlleva la apertura del bucle. Apenas falta un mes y no se han fijado ni los precios de alquiler de la red ni el plan técnico, justificaron ayer fuentes de la operadora. Telefónica ha solicitado que las tarifas se basen en la contabilidad de sus costes, que presentó este año como punto de partida para fijar los precios.

La compañía asegura que la contabilidad refleja un déficit de acceso de 300.000 millones de pesetas en 1999, debido a que la cuota de abono (1.542 pesetas mensuales) es una de las más baratas de Europa -por detrás de Grecia- y no cubre los costes de instalación de una línea. Unas tarifas muy bajas, asegura Telefónica, incentivarían a que las operadoras no realizaran inversiones en red propia. El borrador de las tarifas de conexión está pendiente del dictamen de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), órgano dependiente del Ministerio de Economía.

Telefónica también recurre a los aspectos técnicos para justificar un probable retraso de la apertura de la telefonía local a la competencia. Falta por concretar, según Telefónica, cómo se han de realizar las conexiones y el alquiler. Por último, quedan por ver las centrales en las que las operadoras se conectarán para dar los servicios.

Batalla legal

Las centrales en cuestión ya han creado más problemas a la operadora. Retevisión denunció la semana pasada a Telefónica ante la CMT por no haberlas preparado a tiempo para ofrecer llamadas locales con acceso indirecto (con prefijo) a través de su red. En un real decreto del 23 de junio pasado, el Consejo de Ministros fijó el 15 de noviembre como fecha límite para la entrada del servicio.Si Retevisión culpa a Telefónica del retraso, ésta afirmó ayer que las denuncias, en las que se le acusa de impedir el desarrollo de la competencia con argucias técnicas, son excusas de las demás operadoras para evitar mostrar sus dudas sobre la rentabilidad del negocio de la telefonía local. El Gobierno achaca el retraso a la falta de acuerdo entre las operadoras.

Lo cierto es que los problemas de Telefónica se han multiplicado desde que se inició la apertura del mercado. La Audiencia Nacional confirmó la semana pasada la sanción de 1.400 millones de pesetas impuesta por el Tribunal de la Competencia a la compañía que preside César Alierta por "obstruir la competencia". La CMT ya multó a la operadora en julio con 450 millones por no facilitar el servicio de preasignación a Aló y BT. A este conflicto se añade el reactivado en la Audiencia por el recurso de Uni2 y Ferrovial contra el concurso de cuatro licencias de móvil multimedia (UMTS) que el Gobierno asignó en marzo a Telefónica Móviles, Airtel, Amena y el consorcio Xfera.