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Reportaje:

Salvado por los papeles del perro

Tras el proceso extraordinario de regularización, miles de inmigrantes han recuperado el aliento y la dignidad. Tener los documentos en regla no equivale, sin embargo, a la integración

Falta de seguridad

"Estaba dispuesto a llevar al perro a la Subdelegación del Gobierno", recuerda, divertido, el vicepresidente de ATIME. Kamal Rahmouni evoca el caso de un ciudadano marroquí, residente en Almería, que presentó los papapeles de su perro, la cartilla de vacunación correspondiente a 1997-98, para demostrar que había estado en España antes del 1 de junio de 1999 y obtener así el permiso de residencia. "No tenía muchas esperanzas. Pero, al final, parece que el perro le salvó", resume. Otros inmigrantes, en cambio, no lo han tenido tan fácil. Muchos se han deshecho de facturas o, simplemente, carecen de cualquier documento que pueda acreditar su presencia en el país antes de la fecha requerida por el Gobierno para beneficiarse de la amnistía. Precisamente por tener que vivir en la clandestinidad, los extranjeros sin papeles tratan de borrar cualquier huella de su existencia.

Rahmouni se muestra más esperanzado respecto al porvenir de los inmigrantes que en relación con su presente. "La primera inmigración es la que más ha sufrido, dice; "el futuro está en la segunda generación". Para ellos no habrá tantas restricciones como para sus padres y tendrán acceso a mejores condiciones de vida y trabajo, destaca el vicepresidente de ATIME.

"Mientras no se vea a un inmigrante guardia civil, bombero, conductor de autobús o funcionario, lo que sí ocurre en otros países", recalca Rahmouni, "no se podrá hablar de plena integración". Con el tiempo, "la inmigración se está convirtiendo en una realidad tangible, que se va a ir asumiendo por la sociedad como algo normalizado".

Pasaporte a la ciudadanía

La continuidad laboral y la seguridad legal son los dos principales factores que facilitan la inserción de los inmigrantes, de acuerdo con su propio testimonio. No obstante, los continuos cambios en la ley, sujeta al vaivén del juego político, tal y como señala Rosario Zanabria, la presidenta de la Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos (ARI-PERÚ), provocan "una absoluta precariedad jurídica" y aumentan la zozobra de los inmigrantes. "Todavía estamos aplicando el reglamento de la ley de 1985", denuncia. Una norma que, en algunos aspectos, "contraviene la ley actual y resulta inaplicable". Tras el proceso extraordinario de regularización, el censo de la población inmigrante en España podría rondar, según fuentes del Ministerio del Interior, el millón de personas, casi un 3% de la población total. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, a finales de 1999 se habían contabilizado como residentes en España 801.329 extranjeros. A este número habría que sumarle ahora las 225.000 solicitudes de residencia presentadas del 21 de marzo al 31 de julio de este año.

Izquierdo Escribano muestra su preocupación por el hecho de que más de la mitad de los permisos de residencia concedidos hasta la fecha, el 58%, únicamente se hayan otorgado por un año. "Sería interesante", declara, "saber cuántos vuelven a concederse dentro de un año". Para este sociólogo, "tan importante como la regularización es que se renueven los permisos". No es infrecuente el caso de los irregulares "sobrevenidos", precisa.

Las asociaciones de inmigrantes han reclamado al Gobierno que regularice a esos 50.000 inmigrantes que, según sus propias previsiones, van a quedar en situación irregular. "Si se dejan muchos inmigrantes en la irregularidad", advierte Izquierdo Escribano, "éstos van a quitar el puesto a los regulares". Prueba de ello, manifiesta, es "el escaso número de peticiones de regularización en la agricultura, sólo el 2%". Esto se debe a que en el sector agrícola "no hay oferta solvente" porque los empresarios "prefieren a los irregulares". Por otra parte, añade, "los trabajadores extranjeros experimentan un claro proceso de descualificación". La mayoría cuenta con estudios, pero desempeña muy a menudo tareas manuales que no requieren ninguna cualificación.

Rahmouni tiene amigos que son "licenciados en filología hispánica o en química y están trabajando en la recogida del tomate". Según datos de la última macroencuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en 1996, el 58% de las mujeres inmigrantes y el 43% de los hombres había completado estudios de grado medio o poseía un título universitario.

Cuando en diciembre de 1998 Daniel Bucana, de 41 años, llegó a Madrid desde Rumania, el español sólo lo hablaba "un poquito". Lo aprendió en casa, sin profesor, a través de un curso intensivo. Además de su lengua materna, el rumano, se maneja en francés, inglés, búlgaro y alemán. En su país de origen, enseñaba francés en un instituto. En España, sin embargo, se ha empleado sobre todo como albañil. "La mayoría de los rumanos trabaja en la construcción", explica. Un profesor de secundaria gana en Rumania en torno a las 15.000 pesetas mensuales. "Una bombona de butano y un litro de gasolina, en cambio, cuestan lo mismo que aquí", aclara.

Lipan ha sufrido los mismos sueldos raquíticos que Bucana. Es electricista y un veterano de la inmigración. Antes de recalar en España, estuvo trabajando durante varios años en Alemania. Detrás de su frente tatuada por una cicatriz, atesora un argumento infalible contra los que rechazan la inmigración. "Yo siempre he tenido la idea muy fija de que, si en mi país no podía ganar lo que deseaba," expone, "debía tratar de buscarme la vida en otra parte. Si me defiendo bien en mi trabajo y aquí hay alguien a quien le hacen falta mis servicios, ¿por qué no voy a quedarme?".

Para el final Lipan se reserva la mejor de las tesis, que arroja con todo el peso de la lógica sobre su interlocutor: "Vamos a ver:los futbolistas pueden venir. ¿Por qué no los electricistas?".

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