Un juez paraliza las obras del tramo de la carretera Cabanes-Oropesa que afecta al Desert

El titular del juzgado número 9 de Castellón, Esteban Tabernero, ordenó ayer la suspensión cautelar de las obras de la carretera entre Cabanes y Oropesa, en el tramo de tres kilómetros que afecta al parque natural del Desert de les Palmes. El juez tomó esta decisión tras admitir a trámite la querella contra el director general de Obras Públicas de la Generalitat, Pedro Marco, por presunto delito ecológico, presentada por el representante del ministerio público, el fiscal Eduardo Olmedo, quien entiende que el vial causa "un grave deterioro" en el espacio protegido.

Olmedo aludió a criterios éticos y profesionales para no hacer público el contenido de la querella. La suspensión ha sido acogida con "satisfacción" por los colectivos ecologistas y la oposición política, que han considerado determinante el informe ecotoxicológico realizado por el Seprona de la Guardia Civil y el forense Luis Burillo. Según el abogado del grupo ecologista GECEN, Héctor Fernández, que ha presentado la documentación necesaria al fiscal para llevar adelante el proceso, este documento "corrobora los argumentos que hemos utilizado respecto al daño que sufrirá el Desert".Además, el representante del colectivo ecologista advierte que los dos días que han durado las obras pueden haber afectado ya al paraje, causando daños irreparables en la cueva de l'Ullal, una de las fuentes más importantes del parque natural. La carretera afecta a una zona con más de 70 cuevas y en una de ellas se ha hallado una especie única en el mundo de crustáceo de agua dulce que ha despertado el interés de los científicos.

El informe establece que la construcción de la carretera por su actual trazado "provocaría perjuicios irreparables en el paraje". Por ello, determina que se deben "paralizar de forma inmediata las obras" y optar por la opción norte, distinta a la escogida por la administración autonómica. Fernández también considera trascendentales las manifestaciones del catedrático de derecho administrativo de la Universidad Jaume I, Ricardo García Macho, uno de los expertos más cualificados en derecho urbanístico de la provincia, para quien el proyecto "incumple la Ley de Espacios Naturales" y asegura que "debe realizarse una nueva declaración de impacto de la carretera y reanudar todo el proceso desde el principio".

El catedrático de la UJI argumenta que el Plan Rector de Uso y Gestión del Desert, que prevalece sobre cualquier planeamiento urbanístico, prohíbe que ningún vial penetre en sus límites o el movimiento de tierra en el interior del área. Asimismo, el documento que regula la construcción de la carretera Cabanes-Oropesa, la declaración de impacto ambiental, establece que sólo será favorable a la realización del proyecto si el trazado no afecta al paraje natural. Tanto el Plan Rector como la Declaración de Impacto son, según García Macho, "preceptivos y vinculantes para la Administración y han sido vulnerados". Por lo tanto "la Declaración de Impacto Ambiental actual no sirve, debe repetirse de nuevo y se debe suspender la realización de la carretera hasta que no se revise todo el proceso".

Pero, aunque el grupo ecologista GECEN ha aplaudido la rapidez y agilidad de la justicia en el proceso, pide la paralización de todo el proyecto y no sólo del tramo de tres kilómetros que afecta al Desert. "Al final acabarán pasando por encima del Desert o modificando los límites del parque para que les cuadre", se teme el letrado Héctor Fernández.

El GECEN presentará el lunes una nueva querella contra Pedro Marco, al personarse como parte en el proceso, y también contra el jefe de la oficina del plan de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, José Belda. El abogado de los ecologistas afirma que de prosperar esta denuncia vía penal "los imputados se enfrentarían a penas de prisión, multa, e inhabilitación".