El Gobierno central pretende aprobar el Estatuto de la Función Pública con el apoyo socialista

La consejera de Justicia, Carmen Hermosín, informó ayer de que el Consejo de Ministros pretende aprobar el proyecto de Estatuto de la Función Pública a finales de este año o primeros de 2001 para ser remitido al Parlamento, según le anunció el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada. Después de entrevistarse con Posada, la consejera explicó que el ministro le manifestó la voluntad de poder llegar a un acuerdo con el partido socialista, puesto que, según dijo, "son leyes que, al tener un carácter básico, sería mucho mejor si son aprobadas por una mayoría amplia".

Hermosín señaló que, tras conocer las fechas previstas por el Gobierno, la Junta de Andalucía comenzaría a elaborar la ley autonómica de la Función Pública en el último trimestre de este año, con la intención de aprobarla "simultáneamente" con el Estatuto.La consejera señaló como "positivo" que Posada le informara también de que va a intentar actualizar los acuerdos a los que el anterior equipo ministerial llegó con sindicatos, con partidos políticos y con CC AA para elaborar el anterior proyecto, que fue objeto de varias enmiendas a la totalidad en las Cortes.

Además, Hermosín planteó a Posada la "necesidad" de ampliar los medios económicos en materia de Justicia, y destacó que el ministro es "bastante consciente" de la situación de la Administración de Justicia en general.

Reconoció que la entrevista había sido "positiva", pero que sólo era "de primer contacto", aunque había visto "una buena disponibilidad" de Posada al planteamiento de la Junta.

En cuanto a las necesidades de la Justicia en Andalucía, la consejera señaló que la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el próximo año, "suponen un coste económico importante y necesario para que estas leyes se cumplan".

Hermosín insistió en la "escasez de inversiones que vinieron en las transferencias a la Administración de Justicia" y recordó que Andalucía tiene la mayor planta judicial del país, "con el mayor número de órganos, de jueces y magistrados, y con el mayor número de funcionarios".

En referencia a la cuantificación de las inversiones necesarias para que la Junta de Andalucía pueda asumir las transferencias, la consejera señaló que no consideraba adecuado dar a conocer una cifra cuando están abiertas las conversaciones con el Gobierno, porque, según dijo, "podría entenderse como una advertencia desde la Junta a la Administración central".

La consejera planteó también al ministro que la Junta había dejado de ingresar más de 2.000 millones de pesetas anuales para inversiones en Justicia procedentes de depósitos judiciales, a consecuencia de un recurso presentado en el Tribunal Constitucional, aunque "no hubo más comentarios", según dijo Hermosín.

La consejera también recordó que en eso se basa el Pacto de la Justicia, "en dotar a las comunidades autónomas de las medidas suficientes para asumir las nuevas leyes".

En relación al Pacto, ya explicado por el ministro Acebes, Hermosín criticó algunos puntos como el de la ampliación de la edad de jubilación "porque esa no es la vía para mejorar la Administración de Justicia, ni así se arregla el problema de las vacantes". "Del Pacto por la Justicia", dijo Hermosín, "aún no hemos empezado a hablar con seriedad y con profundidad".

En relación con este acuerdo, la Asociación de Abogados Progresistas de Andalucía consideró "inaplazable" un pacto andaluz por la Justicia para conseguir mayores inversiones que mejoren este servicio, y criticó la gestión de la consejera de esta materia, Carmen Hermosín, por su "negativo" Plan de Informatización de los juzgados. Este proyecto de informatización tiene parcialmente paralizado el funcionamiento ordinario de diversos órganos jurisdiccionales, según la asociación.