Los acreedores de Caja Alcoy reclaman 700 millones de indemnización

Los acreedores de la Caja de Crédito de Alcoy iniciaron ayer el proceso para perseguir penalmente a los causantes de la quiebra de la entidad. El trámite se materializó con la presentación en el juzgado de Alcoy de una querella penal contra los directivos de la Caja de Alcoy cuya actuación desencadenó la suspensión de pagos en 1993 y la posterior quiebra. Cerca de 1.500 personas, en su mayoría de economía modesta, se vieron privadas de sus ahorros.La fue declarada como fraudulenta a través de dos sentencias del Juzgado de Alcoy, en 1998, y de la Audiencia de Alicante, que a finales de 1999 ratificó la anterior. Ambos dictámenes han servido de apoyo para el inicio de la vía penal contra los responsables de la quiebra. "Esta actuación persigue la condena por el delito de quiebra fraudulenta de la que se responsabiliza a los directivos", resumió ayer el abogado Moisés Vicens.

La querella reclama indemnizaciones por valor de unos 700 millones de pesetas, cifra que coincide con el pasivo de la entidad descubierto tras el proceso de reconocimiento de créditos. En él se contabilizaron alrededor de 320 morosos. La querella no concreta años de condena para los culpables, que establecerá el tribunal competente.