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La Delegación de Gobierno abrirá una oficina de atención a los inmigrantes en Lavapiés

La Delegación de Gobierno acordó ayer abrir en Lavapiés una oficina de atención al ciudadano, sobre todo para los inmigrantes, para combatir los problemas de inseguridad y crispación que sufre la zona. Ésa fue la principal medida adoptada ayer por la comisión de seguridad creada para solucionar la oleada de robos que sufre la zona. En el nuevo centro de información habrá representantes municipales y regionales y miembros de las asociaciones que trabajan en el barrio. Además, habrá un departamento de denuncias atendido por policías municipales y nacionales.

El centro de atención al ciudadano formará parte de un Observatorio para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, que estudiará toda la problemática del barrio. El responsable de este organismo será el comisario jefe del distrito Centro, José Manuel Sánchez. En el local estarán presentes todas las asociaciones de inmigrantes, comerciantes y vecinales. "Nos hemos comprometido a trabajar juntos y eliminar la tensión existente actualmente, convirtiéndonos en interlocutores válidos y dirigiéndonos a cada uno de los colectivos para fomentar la convivencia", explicó Núñez Morgades. La oficina no tiene aún ubicación, aunque se aseguró ayer que incluirá unas dependencias conjuntas del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Municipal en las que los ciudadanos puedan presentar sus denuncias. "No obstante, esta presencia policial siempre seguirá los criterios de la policía de proximidad, para no crear situaciones aparatosas, de estado policial, y que se pueda llegar a los sectores más reacios a los agentes", explicó el delegado gubernativo.

Una vez reducida la tensión en el barrio y como símbolo de esta vuelta a la tranquilidad, Núñez Morgades anunció que se convocará una fiesta de la Convivencia en el barrio de Lavapiés.

Los representantes de la embajada marroquí anunciaron ayer en la Delegación del Gobierno que van a mantener reuniones con cada una de las asociaciones de ciudadanos de dicho país.

Asimismo, el grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid reclama un plan integral de actuación para Lavapiés, un barrio multicultural con problemas de pobreza, donde los reiterados robos cometidos por un grupo de jóvenes y de menores magrebíes ha provocado una fuerte tensión vecinal. Entre sus propuestas está convertir la plaza de Cabestreros, donde, entre otros muchos vecinos, se reúne este grupo de jóvenes conflictivos, en un centro social al aire libre en el que cada una de las comunidades de inmigrantes que pueblan el barrio pueda dar a conocer su cultura.

Respecto a los actos de delincuencia, el PSOE pide que se aplique la ley a quienes los cometan, incluida la normativa de extranjería que prevé la expulsión del país, y reclaman también una presencia continuada de la policía de proximidad. Solicitan, además, juicios rápidos y que la fiscalía haga un seguimiento de la actual conflictividad de la zona. Desde el punto de vista social, exigen una mayor atención a los numerosos vecinos ancianos, incrementando los servicicios de atención domiciliaria, así como programas para familias monoparentales y mujeres maltratadas y una ampliación de la red de educadores de familia y de calle.

Los socialistas solicitan, además, un plan especial de apoyo a los colegios públicos del barrio, algunos de los cuales tienen hasta un 70% de alumnado inmigrante, y que se obligue a los centros concertados a abrir sus aulas a los niños extranjeros.

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