EL JUICIO POR EL 'CASO LASA-ZABALA' El fiscal pedirá elevar las penas de cárcel para todos los acusados

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, modificará hoy sus conclusiones provisionales en el caso por el secuestro, torturas y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y solicitará que se aumenten las penas de cárcel para todos los imputados por cuestiones de técnica jurídica. Las acusaciones particular y popular también solicitarán la elevación de la pena de prisión para algunos de los acusados.

Las modificaciones que solicitará el fiscal, según fuentes jurídicas, obedecen a cuestiones técnicas, como también las que pedirá la acción popular. La principal consiste en que los delitos de detención ilegal y las lesiones que se imputan a los principales implicados fueron actividades de colaboración con los objetivos de una banda terrorista, según se tipifica en el artículo 572 del Código Penal, lo que supondría una elevación de la pena en un grado. El fiscal, que solicitaba provisionalmente penas superiores a 90 años de cárcel para los principales acusados, el ex gobernador Julen Elgorriaga, el general Enrique Rodríguez Galindo, el comandante Ángel Vaquero y los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, ya había apreciado esa finalidad terrorista, pero únicamente en el delito de asesinato. Ahora lo ampliará, según esas fuentes, a los otros dos delitos mencionados.

Las citadas fuentes señalan que el fiscal podría suprimir la agravante de prevalerse de su condición de funcionarios públicos, que anteriormente reclamaba, ya que técnicamente se encuentra subsumida en el tipo penal de la detención ilegal. Además, estas fuentes señalan que solicitará aumento de pena también para los acusados Rafael Vera y Jorge Argote, previsiblemente al aumentar, como el abogado Iruin, el número de delitos de encubrimiento que les imputa. El fiscal pedía dos años de cárcel para cada uno.

Más delitos para Vera

El abogado Iñigo Iruin, en nombre de las madres de Lasa y Zabala, elevará también las penas, pero únicamente para Vera y Argote. Iruin considera que ambos cometieron cuatro delitos de encubrimiento en lugar de dos, ya que a su entender encubrieron los asesinatos y los secuestros. Su petición se eleva ahora a un total de 13 años para Vera, por los encubrimientos y por malversación de caudales públicos (antes solicitaba 10 años y 6 meses), y 8 años para Argote (pedía 4 años). Para los principales implicados, Iruin mantiene las peticiones de pena, que oscilan entre 90 y 114 años.

La acción popular en nombre del Ayuntamiento de Tolosa y de la Asociación contra la Tortura también eleva las penas por cuestiones técnicas, como es el ajuste en el tipo de las lesiones aplicable al año 1983, cuando ocurrieron los hechos. Ello supone un aumento de cuatro años en la pena de cada uno de los cinco principales implicados, para los que ya solicitaban entre 116 y 118 años de cárcel. Ahora la calificación definitiva queda en 122 años de prisión para Galindo y Elgorriaga, y 120 para Vaquero, Dorado y Bayo. Para Vera y Argote se mantienen las penas pedidas de seis y cuatro años, respectivamente.

Ayer concluyó la prueba documental, en la que se leyeron un total de 37 documentos incorporados al sumario y se proyectaron los folios manuscritos entregados en el juicio por el coronel Juan Alberto Perote y que éste afirmó que recibió del capitán Pedro Gómez Nieto. Se trata de la transcripción de dos conversaciones que Gómez Nieto mantuvo supuestamente con Galindo en su despacho del cuartel de Intxaurrondo y en la que se habla de los preparativos de la guerra sucia contra ETA, dos semanas antes del secuestro de Lasa y Zabala.

También se leyó la declaración de la ex secretaria de Elgorriaga, Maritxu Ubillos, quien reconoció ante el juez el llavero con las llaves del Palacio de la Cumbre que había entregado en el juzgado el policía Ángel López Carrillo. Ubillos dijo que el agente tenía una relación amistosa con Elgorriaga.