La gran semana judicial de Gil

Comienza hoy una semana decisiva para Jesús Gil y el Atlético. El lunes y martes se ven en Marbella las cuestiones previas del caso Atlético, relativo a la publicidad en las camisetas, durante las que la defensa de Gil planteará como cuestiones previas la nulidad de las actuaciones del proceso instruido por el juez Santiago Torres. Y el jueves, un tribunal de la Audiencia Nacional examinará el recurso de queja contra el auto del juez Manuel García-Castellón mediante el cual se apartó del Atlético a su propietario y se impuso una administración judicial. La Audiencia ha señalado la vista apenas unos días antes de la fecha en la que el administrador judicial, Luis Rubí Blanc, tendrá que rendir cuentas de su gestión, el 31 de marzo.Un tribunal de tres magistrados examinará el jueves la administración judicial del Atlético impuesta sorpresivamente por el juez García-Castellón hace ahora tres meses, pero sólo desde la vertiente de la legalidad y proporcionalidad de la medida. Los jueces no tendrán en cuenta la situación económica del Atlético, ya que aún no se conoce el resultado de la gestión de Rubí ni, afortunadamente para éste, la deportiva.

El recurso de queja interpuesto por Gil puede desembocar, a grandes rasgos, en tres tipos de situaciones: la confirmación de la administración judicial acordada por García-Castellón, que es lo que pedirá la Fiscalía Anticorrupción; la revocación del auto del juez, que conllevaría la devolución de la administración del Atlético a su antiguo propietario; o una situación intermedia que consistiría en el cambio de la administración judicial por una intervención, en la que la gestión la llevarían los propietarios, aunque cada una de sus decisiones estaría supeditada a la aprobación de un interventor.

La salida más probable

La devolución, sin más, del Atlético a Jesús Gil parece la solución menos factible, habida cuenta de que el presidente del club sigue sometido al resultado del proceso abierto contra él por supuestos delitos de estafa, falsedad continuada y delitos societarios, entre otros, por los que se decretó su prisión, que pudo eludir bajo una fianza de 125 millones de pesetas.

Sin embargo, el mantenimiento de la actual situación, sin ningún tipo de matices, tampoco parece factible, dada la lentitud con la que avanza el proceso, la delicada situación del Atlético -en posición de descenso a Segunda- y la constatación de que la sociedad, gracias a los derechos de televisión, es rentable, como han confirmado el administrador judicial y el fiscal.

El señalamiento de la vista del recurso de queja para unos días antes de que el administrador judicial rinda su informe ha sido interpretado en fuentes jurídicas como una señal de que la situación puede cambiar. El recurso se verá en la mañana del jueves, previsiblemente a puerta cerrada, pero el resultado de las deliberaciones de los magistrados no se conocerá hasta algunos días después, quizás incluso más tarde de que el administrador Luis Manuel Rubí presente su informe sobre la situación económica del Atlético.

Lo que resuelvan los magistrados influirá decisivamente en las futuras decisiones del instructor. El administrador judicial ha ido dejando caer su intención de solicitar una prórroga del mandato, con plenos poderes hasta, al menos, finalizar la temporada futbolística. Sin embargo, la fuerte contestación de la masa social hacia el estilo y la labor de Rubí, el primer tropiezo que tuvo éste con García-Castellón al no autorizar el juez las hipotecas que solicitó constituir y, sobre todo, la actual situación deportiva del Atlético, parece alejar esa posibilidad. En cuanto a la situación económica, habrá que esperar al informe de Rubí, pero éste ya ha dejado traslucir que propondrá que se autorice una ampliación de capital del Atlético.

La administración judicial del Atlético fue acordada el pasado 21 de diciembre, dentro del proceso iniciado por querella de la Fiscalía Anticorrupción en el mes de julio anterior. El magistrado decretó la intervención, secuestro y embargo del 94,5% de las acciones del club, cuya titularidad correspondía a Jesús Gil y al vicepresidente Enrique Cerezo. Tras las declaraciones de los inculpados, en enero, el juez impuso fianzas de 125 millones a Jesús Gil y de 50 millones a su hijo Miguel Ángel y a Cerezo. El juez rechazó el 17 de enero el recurso de reforma interpuesto por el defensor de Gil, Horacio Oliva, que ahora será examinado.