Un juez obliga a Prado a depositar una fianza civil de 900 millones
El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que instruye el caso Grand Tibidabo, ha dictado un auto en el que impone al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal una fianza de responsabilidad civil de 900 millones de pesetas. La medida, solicitada por una acusación particular, pretende garantizar la indemnización a recibir por la sociedad.
La operación, por la que Prado está imputado en esta causa como supuesto autor de un delito de apropiación indebida, se refiere a la venta a Grand Tibidabo por parte de una sociedad del empresario de unas fincas en Sevilla por un precio superior a su verdadera cotización de mercado. La operación se realizó cuando el presidente de Grand Tibidabo era el ex financiero Javier de la Rosa, principal imputado en la causa, y sirvió para que Prado cancelara importantes deudas contraídas con Grand Tibidabo. La fianza establecida por el juez Aguirre equivale a la diferencia entre el precio al que Prado colocó los terrenos a la empresa y el que en realidad tenían según un informe pericial realizado por un perito arquitecto de Hacienda. El auto, que fue comunicado ayer, otorga a Prado un plazo de 24 horas para depositar la fianza y le recuerda que en caso de no hacerlo "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha suma".En la Audiencia Nacional, la juez Teresa Palacios, que instruye el caso Torras, ya impuso a Prado otra fianza de responsabilidad civil. La fianza respondía a que Prado había recibido más de 10.000 millones de pesetas de Torras en Suiza por orden de De la Rosa. Asimismo, en el caso Torras, el fiscal anticorrupción ha pedido para Manuel Prado una pena de cuatro años de prisión por una operación relacionada con los envíos antes mencionados.
