El Ivex niega al juez el acuerdo de su dirección por el que se querelló contra Tabares y Lagier
El juez que investiga el supuesto quebranto económico que ha sufrido el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) ha requerido a la empresa pública por segunda vez para que, en un plazo de cinco días, aporte el acuerdo del consejo de administración que autorizó la presentación de una querella contra el ex responsable de la sociedad, José María Tabares, y un empresario francés, Jean Luc Lagier. El Ivex, siempre lento a la hora de entregar documentación, eludía la entrega del acuerdo al argumentar que éste no era firme. El magistrado no ha aceptado ese argumento.
El Ivex denunció el pasado noviembre a Tabares y Lagier como supuestos autores de un delito societario. Según la querella presentada por la empresa dependiente de la Generalitat y las cámaras de comercio, el ex director del instituto y el súbdito francés pudieron actuar en connivencia y de espaldas al consejo de administración de la entidad para financiar a las sociedades del empresario. Ésta entente, siempre según la querella, ha causado un agujero de al menos 1.049 millones de pesetas a la institución ahora dirigida por Carmen de Miguel. El juez encargado de investigar el caso, Vicente Ríos, ha solicitado desde el inicio del procedimiento diversa documentación al Ivex, que no acompañó su denuncia de gran parte de los papeles que respaldarían su acusación. Así, tres semanas después de la presentación de la querella, el magistrado requirió por segunda vez al Ivex una panoplia de potenciales pruebas: desde los estatutos de la empresa hasta los contratos suscritos por Lagier pasando por las memorias anuales de su actividad.
El pasado lunes, Ríos volvió a solicitar por segunda vez otro documento. En este caso, el acuerdo del consejo de administración, tomado en su reunión del pasado noviembre, en el que se abría la vía judicial. El magistrado concedía un plazo de cinco días al querellante para cumplir su mandato. Antes, el Ivex intentó eludir la orden al argumentar que los acuerdos de su consejo de administración no son ratificados hasta la siguiente reunión del órgano directivo, que aún no ha tenido lugar. El juez no ha aceptado ese argumento.
En ese sentido, Ríos, un juez diligente y riguroso, también solicitó recientemente otros documentos que considera de interés en la investigación: Tanto los informes de la Sindicatura de Cuentas y de las auditorías que escrutan las cuentas del Ivex como las alegaciones que la empresa hizo o pudo hacer en ambos casos. Esta misma semana, los abogados de la empresa pública -miembros del prestigioso y caro despacho de Garrigues & Andersen- han cumplido parte de esa petición.
No obstante, fuentes jurídicas cercanas al caso han reiterado su extrañeza ante la tardanza del Ivex en documentar su querella. Habitualmente, indican las mencionadas fuentes, la parte que impulsa una querella es la más interesada en documentar su denuncia para facilitar y acelerar la resolución del caso.
