La Fiscalía reforzará su plantilla para aplicar la nueva ley del menor

La Consejería de Justicia y la Fiscalía General del Estado ya trabajan para que la ley del menor, aprobada el pasado diciembre y vigente a partir del próximo año, no se quede en papel mojado. Por ello, la plantilla del ministerio público en la Comunidad Valenciana tendrá nueve miembros más, se crearán equipos psicosociales y se estudia la posibilidad de aumentar el número de juzgados de menores. La mencionada ley apuesta por la educación y reinserción en la lucha contra la delincuencia juvenil.

El consejero de Justicia, Serafín Castellano, se reunió ayer con tres representantes de la acusación pública para preparar, debatir y discutir el necesario refuerzo de la Fiscalía, el cuerpo de funcionarios que, con la nueva ley, desempeñará un papel fundamental en la reinserción de los menores que han delinquido. La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor contempla 13 medidas, fundamentalmente de carácter reeducativo, para intentar favorecer y acelerar la reinserción de los adolescentes de entre 14 y 18 años que violen la ley. Según el texto legal, los menores de esa edad son impunes.

Otra de las principales novedades de esa norma viene dada por las competencias del fiscal.Éstos asumirán la investigación del caso, hasta ahora reservada a los jueces, y al mismo tiempo deberán protegar al menor objeto de sus pesquisas. En definitiva: el trabajo del ministerio público se multiplica.

Más juzgados

Por ello, el fiscal inspector, Juan José Martínez Zato; el teniente fiscal de la inspección, José Luis Bueren y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, se reunieron ayer con Castellano. Este encuentro, una primera toma de contacto, se saldó con algunas conclusiones.

La acusación pública será reforzada en la Comunidad Valenciana con nueve fiscales más, personal que será íntegramente dedicado a decretar y controlar las cuatro medidas de internamiento a tomar contra los adolescentes (cerrado, en régimen abierto, semiabierto o terapéutico) o las alternativas previstas por la ley: Desde el tratamiento en un ambulatorio hasta la obligación de realizar servicios para la comunidad.

Todo ello, según Martínez Zato, para afrontar el "gran reto" que supondrá la aplicación de esta ley. La Fiscalía, y por tanto su aumento de personal, depende del Ministerio de Justicia. Castellano, que calculó que la aplicación real de la ley necesitará una inversión de "miles de millones de pesetas", también anticipó la futura aportación de la Generalitat: más juzgados de menores y equipos mixtos de psicólogos y asistentes sociales en apoyo de los fiscales.