El CSD no supo que los derechos de la plantilla del Atlético eran de Gil
Los ex secretarios de Estado para el Deporte Javier Gómez Navarro y Rafael Cortés Elvira, y el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Antonio Baró, coincidieron ayer en señalar que la conversión del Atlético en sociedad anónima deportiva se realizó "de manera impecable" y "en régimen de legalidad", pero siempre "según todos los informes jurídicos que el Consejo tuvo en aquel momento".Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Gómez Navarro y Cortés Elvira dijeron que se sabía que había una deuda reconocida por la asamblea de socios al presidente Jesús Gil que afectaba al patrimonio del club, por lo que preguntaron si la deuda era exigible o no. La disyuntiva se encontraba en que de ser exigible la deuda, el capital social para transformar el club en sociedad anónima deportiva lo habrían fijado en 4.000 millones en vez de en los 2.000 en que finalmente se hizo.
Gil y el vicepresidente, Enrique Cerezo, hicieron una comparecencia ante notario y el 23 de enero de 1992 aportaron al CSD una escritura en la que declaraban que la deuda no era exigible. Sin embargo, lo que no supieron era que el día anterior Gil había obtenido del club los derechos federativos de los 30 jugadores de la plantilla del primer equipo.
Gómez Navarro y Cortés Elvira declararon también que el 30 de junio de 1992 Gil presentó un certificado del Banco de Vitoria y Cerezo uno del Credit Lionnais de que habían ingresado los 2.000 millones en una cuenta del Atlético de Madrid. Lo que no sabían era lo que pasó con el dinero al día siguiente. Según la acusación de la fiscalía Anticorrupción, el dinero recorrió una serie de cuentas en sentido inverso hasta ser reintegrado a las entidades bancarias que lo habían aportado.
La declaración del presidente de la Liga, Antonio Baró, se centró en las ayudas recibidas por el Atlético en virtud del plan de saneamiento iniciado en 1991. Explicó que todas las deudas públicas de los clubes - las que mantenían con Hacienda, el Banco Hipotecario y la Seguridad Social- las asumió la Liga y se pagaron con dinero de las quinielas. Si el Atlético no hubiera logrado la transformación en sociedad deportiva, la Liga no le habría pagado los 3.000 millones que aportó para liquidar sus deudas públicas. El club se habría visto entonces en la misma situación del Murcia, a cuyo presidente le embargaron sus bienes para pagar la deuda privada, la pública no la pagó nadie, y descendió a Segunda B.
