El fiscal eleva a 690 años de cárcel su petición para el "violador de Pirámides"
En la última sesión del juicio a Arlindo Carbalho, conocido como el violador de Pirámides, el fiscal de la causa modificó la petición de pena para el presunto delincuente: en lugar de los 20 años que figuran en sus conclusiones provisionales, ayer solicitó al tribunal que el reo sea condenado a 690 años de prisión. La nueva conclusión del ministerio público está fundada en la individualización de los delitos -en total, más de 11 abusos sexuales, 30 privaciones ilegítimas de la libertad en concurso con agresión sexual y 31 robos- y la suma de la pena que corresponde a cada uno de ellos.
El fiscal explicó que la suma de las condenas que se aplicarían por separado a estos delitos, presuntamente cometidos por Carbalho y denunciados por 43 víctimas en el marco de la causa, arroja una cifra cercana a los siete siglos, un castigo casi 35 veces mayor que el solicitado en su informe provisional inicial.Por su parte, la acusación particular, que ejerce la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas en representación de 18 víctimas, mantuvo su petición de 400 años de castigo. El juicio contra el llamado violador de Pirámides quedó ayer visto visto para sentencia tras nueve días de sesiones.
En caso de condena, y de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, el plazo máximo de permanencia efectiva en la prisión sería de 20 años. Con sus peticiones de penas, el ministerio fiscal y los letrados particulares pretenden que, en caso de que el implicado se vea favorecido por reducciones de pena y otros beneficios penitenciarios, de todos modos permanezca privado de la libertad por el plazo máximo que estipula la ley. Si el tribunal responde favorablemente a estas peticiones, las redenciones extraordinarias tendrían efecto sobre las penas de 690 o 400 años, con lo cual resulta difícil que el acusado salga de la prisión antes de cumplir 20 años de privación de libertad.
Para la elaboración de un detallado informe final, leído ayer durante una vista pública en la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid, el representante de la fiscalía aportó un conjunto de elementos "suficientes para dictar sentencia condenatoria", según expresó. Entre ellas se cuentan las pruebas de ADN, "de seriedad incuestionable", las 33 diligencias positivas en ruedas de reconocimiento del acusado y las coincidencias de los peritos psiquiatras, tanto de los forenses de la Audiencia como los de carácter privado aportados por la defensa, que identificaron rasgos obsesivos compulsivos en la personalidad de Carbalho. Pero determinaron que el acusado no es un enfermo mental inimputable.
El fiscal destacó las coincidencias en el modus operandi del agresor en los casos denunciados. De acuerdo con su análisis, la mayoría de ellos se cometió en un determinado horario, en una misma zona -de hecho, la recurrente persecución de mujeres en zonas aledañas al metro de Pirámides le valió a Carbalho el apodo por el que se lo conoce- y con víctimas de características físicas similares.
Absolución
Por su lado, el abogado defensor Carlos de la Cruz, nombrado de oficio para la causa, pidió la absolución del acusado, puesto que éste no ha reconocido su culpabilidad. En segundo término, el letrado instó al tribunal a considerar un atenuante o eximente incompleta por trastornos mentales y, por oposición al planteamiento de la fiscalía, puso de relieve el valor relativo de las pruebas de identificación genética, señaló ciertas fallas metodológicas en las ruedas de reconocimiento y marcó las contradicciones que se desprenden de las declaraciones de las víctimas respecto de las señas particulares del atacante. Esto, a su juicio, es motivo suficiente para considerar que su defendido no es el autor de todas las agresiones de las que se le acusa.
"Jamás me he considerado un loco o un psicópata, pero tuve muchos problemas en mi vida que han podido desencadenar los hechos que aquí se relataron. Lo que tengo claro es que yo jamás he cometido todas esas violaciones", expresó Arlindo Carbalho una vez que la acusación y la defensa concluyeron con la exposición de sus informes. Fue la intervención final del procesado ante los magistrados, haciendo uso del "derecho a la última palabra".
Durante más de 45 minutos, el acusado realizó una exhaustiva narración de sus estados de ánimo y sus temores ante la reconocida compulsión por perseguir a mujeres en la vía pública. Luego, con la ayuda de las notas apuntadas sin descanso desde el comienzo del juicio, intentó profundizar en cuestiones legales derivadas de los peritajes.
Cuando la presidenta del tribunal, Pilar Oliván, le interrumpió por considerar que estaba excediéndose en el ejercicio de su derecho, Carbalho protestó por el trato de la justicia y de la prensa. "Tenía muchas ganas de hablar y pensé que esta sala era el sitio adecuado, pero me equivoqué", expresó. Y continuó mascullando quejas mientras dos policías lo escoltaban hacia la puerta de salida.
