El PP denuncia contratos anómalos en La General, cuya dirección lo niega
La Caja General de Granada se convirtió ayer en un campo de batalla político. El presidente del PP, Juan de Dios Martínez Soriano, facilitó una relación de familiares de directivos "colocados a dedo" como respuesta al cese, a propuesta del PSOE, de Francisco Pertíñez como presidente de la Comisión de Control. La General negó las irregularidades y el PSOE afirmó que el PP pretende que la entidad desaparezca absorbida por otra. IU, en fin, acusó a Pertíñez de "conculcar el secreto bancario".
"Todo aquel que contradice al presidente de La General es cesado o comprado". De esta manera resumió Martínez Soriano los criterios que a su entender han primado en la gestión de la caja desde 1995. Seguidamente facilitó una lista de ocho familiares directos de directivos o consejeros de la caja que han logrado emplear "a dedo" a familiares directos.Entre ellos citó al vicepresidente primero, José María Pastor, de quien dijo que recientemente adquirió a través de la caja por once millones una vivienda en La Herradura tasada en 15. Martínez Soriano dijo que los favorecidos con contrataciones anómalas de hijos o esposas son los vocales José Jiménez Lozado, José Guerrero y Ángel Gallego; los ex vicepresidentes José Alaminos y José Luis González-Cuadros, y el secretario provincial de UGT, Antonio Aranda.
"Estas actuaciones", aclaró, "no son ilegales pero sí irregulares. Son favores a cambio de silencio". También acusó al consejero de Educación, Manuel Pezzi, que defendió la idoneidad de la contratación como director de La General de Fernando Rodríguez, de alquiler una vivienda a la caja para que resida en ella su presidente Julio Rodríguez.
El PP vinculó la destitución de su secretario general, Francisco Pertíñez, en la Comisión de Control son las manifestaciones que hizo sobre la falta de cualificación del director general.
La caja, por su lado, lamentó las declaraciones "absolutamente infundadas" y negó que haya alquilado un piso de Manuel Pezzi como residencia de su presidente. "Todas las contrataciones de personal que se producen responden al cumplimiento de la normativa aplicable, en este caso al acuerdo marco sobre empleo suscrito entre los sindicatos y la entidad".
Respecto a la venta de un inmueble a Pastor por debajo de su valor, La General sostuvo que se respetó "escrupulosamente la normativa establecida por el consejo de administración, ajustándose el precio de compra al margen establecido por el propio tasador".
Legalidad de la caja
Tanto La General como el PSOE defendieron ayer rotundamente la legalidad de la caja, su solvencia y viabilidad, y señalaron que el PP pretende debilitar a la entidad para que desaparezca y sea absorbida por otra.
"Martínez Soriano tiene una obsesión personal con el presidente de la entidad y el equipo directivo que tienen como aval más importante su capacidad de gestión y sus resultados, respaldados mayoritariamente por los órganos de gobierno". Los socialistas, en un comunicado, añadieron que el presidente del PP "está utilizando y jugando con los ahorros de muchos granadinos" y le pidió un ejercicio de responsabilidad "con su más de 2.000 trabajadores, con sus miles de clientes".
IU, por su lado, arremetió contra el destituido presidente de la Comisión de Control, Francisco Pertíñez, por revelar en la prensa la supuesta concesión irregular por la caja de un crédito de 36 millones a la coalición que no tenía las suficientes garantías.
Baltasar Garzón, representante de IU en La General, amenazó con emprender acciones legales contra Pertíñez por "conculcar el secreto bancario" y por un delito de calumnia. Garzón aclaró que IU ofreció como garantía para el préstamo los 12 millones de ingresos anuales del grupo en el Parlamento y la media de los saldos en las cuentas a su nombre en toda la comunidad.
