Un poblado a la deriva

Doscientos ochenta gitanos rumanos llevan una semana en un páramo madrileño pendientes de que las instituciones, que les expulsaron del poblado donde vivían, encuentren un lugar donde alojarles. Pero la solución no es fácil. Las administraciones se enfrentan a su propia falta de previsión en temas de inmigración y al rechazo vecinal. La sociedad madrileña se escandaliza ante el espectáculo de decenas de familias vagando con sus niños y reclama soluciones, pero lejos de su casa. Los vecinos de los barrios vapuleados por la marginación no quieren aumentar su ya colmado cupo de problemas y los de las zonas acomodadas desean seguir disfrutando de sus privilegios.

La historia de estos inmigrantes acostumbrados al nomadeo comenzó hace un año cuando llegaron a un descampado del barrio de Malmea situado en Fuencarral, un distrito del norte de la ciudad, no muy lejos del hospital de La Paz. Allí se instalaron en sus furgonetas y tiendas de campaña, entre escombros y con una sóla fuente para medio centenar de personas. Sobrevivían de la venta de periódicos para indigentes como La farola y La calle y de la mendicidad.

En la pasada primavera eran ya medio millar, entre ellos numerosos niños, y Unicef (el organismo de Naciones Unidas para la infancia) alertó a las instituciones del problema. Hasta entonces sólo algunos grupos de voluntarios acudían al poblado a prestar apoyo social a estas personas.

La muerte de un pequeño, abrasado al arder la tienda de campaña donde dormía con una vela encendida, precipitó los acontecimientos. Las instituciones optaron por escolarizar a todos los niños, que no sabían lo que era un aula, en un colegio abierto de forma especial para ellos y en el campamento se instalaron duchas y letrinas.

Pero en el vecindario, una zona de clase media baja sin grandes conflictos sociales, existía ya un fuerte rechazo a la presencia de los inmigrantes. Algunos residentes comenzaron a recoger firmas pidiendo el desmantelamiento del poblado y llegaron a reunir 2.500. También la comisaría local recibía cada vez más quejas.

Los vecinos no acusaban a los inmigrantes de cometer grandes delitos. Les echaban en cara su suciedad y su "actitud chulesca" cada vez que les recriminaban algo. Tampoco soportaban su constante presencia en el único parque de la zona.

"Dejan todo sucio y si les dices algo, encima se encaran contigo", manifestaban algunos vecinos que también les acusaban de causar daños en los coches aparcados por la zona y de pequeños hurtos. No llegó a haber agresiones xenófobas, ni pintadas alusivas, ni siquiera manifestaciones de protesta pero la actitud hacia los rumanos era cada vez más hostil. Incluso quienes no se mostraban contrarios a estas familias, temían que el campamento acabase siendo pura marginalidad como ha ocurrido en otros asentamientos chabolistas de la ciudad.

Así las cosas, el 8 de julio, una vez pasadas las elecciones municipales y finalizado el curso escolar de los niños, el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno, ambos controlados por el PP, enviaron una fuerte dotación policial al poblado. Según las instituciones se trataba de una operación destinada a limpiar el insalubre lugar y a retirar los coches abandonados.

Pero los inmigrantes y los voluntarios sociales que les apoyaban pusieron en solfa esta versión oficial. "Los agentes nos han dicho que o nos marchamos hoy de forma voluntaria o nos deportan a Rumanía por ser inmigrantes ilegales", explicaban los rumanos. Todas estas familias habían solicitado el asilo en España, que les fue denegado, y tenían por ello interpuestos recursos.

"Para limpiar hacen falta barrenderos no decenas de policías ¿a quién pretenden engañar?", apostillaban los voluntarios. La oposición municipal y las entidades de apoyo a inmigrantes como SOS Racismo o la Asociación Pro Derechos Humanos mantenían el mismo argumento.

Las familias se dispersaron. Unas emprendieron camino a Valencia, donde, como en Vitoria, existe otro campamento rumano. Otras vagaron por la ciudad sin saber dónde ir. Las autoridades, como no reconocían haber expulsado a estos inmigrantes - "se han ido voluntariamente"- tampoco les ofrecieron alternativa alguna. Pero, esa misma noche, una desgracia volvió a juntar a buena parte de las familias. Una de ellas perdió a un hijo de cinco años que murió atropellado cuando, en pleno éxodo, hacia el norte de España, jugaba bajo un camión aparcado en un área de servicio de la carretera de Burgos.

Al día siguiente un centenar de rumanos volvió a juntarse en un parque junto al hospital de La Paz. Por la noche eran casi 200 y el problema político ya había estallado. La ONG Mensajeros de la Paz se ofreció a pagar 30 habitaciones en un hotel de cuatro estrellas para estas personas. Pero ellas temían que al separarse se les expulsase.

El Ayuntamiento de Madrid, que hasta entonces no había aportado solución alguna a estas familias, decidió trasladarlas a la aislada vaguada donde se encuentran ahora, junto a la avenida de Burgos. Allí el ejército instaló cuatro tiendas de campaña y unas letrinas. El compromiso era que el campamento permaneciese sólo 72 horas. Al cabo de ese plazo se buscaría una solución más digna.

Transcurridos los tres días, las instituciones madrileñas plantearon una alternativa: levantar cinco campamentos de tiendas de campaña para un máximo de 70 personas cada uno de ellos. Algunas ONG como Cruz Roja o la Comisión Católica de Migraciones eran partidarias de esta opción, y no del alojamiento en edificios cerrados, por "el carácter nómada" de estas familias. Los inmigrantes permanecerían en los campamentos tres meses durante los que recibirían apoyo social de las ONG. Pasado ese tiempo se evaluarían sus posibilidades de integración y de ser buenas, recibirían un permiso de residencia temporal por razones humanitarias. El problema de este plan era encontrar solares adecuados para los campamentos: no muy alejados para favorecer la integración y tampoco muy céntricos para evitar el rechazo vecinal.

Se fijó un plazo de 24 horas para que el Ayuntamiento de Madrid encontrara los terrenos. Pero no lo consiguió. Cambiaron los planes: se buscaría un lugar cerrado para trasladar a estas familias de forma inmediata. La mudanza urgía porque al campamento iban llegando más familias atraídas por los planes institucionales. Algunas nunca habían vivido en Malmea. Donde había 280 inmigrantes un día, después eran 360.

Cuartel semivacío

En unas horas se decidió alojar a estos 280 inmigrantes en un cuartel semivacío del distrito de Villaverde. La decisión tenía grandes riesgos. Villaverde es un distrito obrero donde se concentran numerosas familias de escasos recursos por la abundancia de pisos sociales y por los menores precios de la vivienda en relación a otros barrios. En la zona, situada en la ruta hacia Andalucía, existe un poblado chabolista con 250 casetas, y hubo otro, ya desmantelado, que se convirtió en un de los principales puntos de venta de droga de la ciudad. Existió, asimismo, un gueto de toxicómanos e indigentes en una nave industrial. Durante años las asociaciones de vecinos de Villaverde han vivido con la sensación de estar olvidados de las instituciones que, según creían, sólo se acordaban de ellos cuando se hacían planes de realojamiento de población marginada. Este malestar, que en algunos sectores del vecindario se ha acercado en ocasiones a la xenofobia, ha estallado varias veces a lo largo de los años noventa en protestas masivas. Ahora, pese a los planes regionales para invertir 18.000 millones en seis años en el distrito, al conocer los planes de llevar las 280 familias rumanas a la zona, la caja de los truenos volvió a estallar. Pero no del todo.Los vecinos, reunidos con las instituciones, aceptaron acoger a un máximo de 80 inmigrantes en el cuartel. "Que vinieran los 280 causaría una explosión ciudadana porque en Villaverde ya tenemos bastantes problemas sociales", explicaba un representante vecinales. Tampoco se fiaban del criterio de provisionalidad. En los últimos años se han levantado en Madrid no menos de una decena de asentamientos provisionales para alojar a familias chabolistas, la mayoría gitanas, y la mayoría no se han desmantelado a tiempo.

Ante esta postura, las instituciones retiraron el proyecto: ni 80 ni 280. Villaverde se descartaba. Las familias rumanas seguirían en la avenida de Burgos hasta tener unos terrenos donde levantar campamentos. El viernes el Ayuntamiento aseguró que ya tenía los solares. Lo que no dijo es dónde. Por miedo al rechazo vecinal.