Francia suaviza la aplicación de la jornada de 35 horas con un periodo transitorio de un año

La semana laboral de 35 horas se aplicará en Francia a las empresas de más de 20 asalariados desde el 1 de enero próximo, tal y como estaba previsto, pero el sobreprecio en la cotización a pagar por las horas extraordinarias, elemento disuasorio clave de la ley, será sólo de un 10% durante los primeros 12 meses. Cumplido ese periodo, las empresas que no hayan rebajado suficientemente el tiempo de trabajo tendrán que pagar las horas extras que rebasen las 35 horas previstas con un sobreprecio del 25%, que ahora ya se aplica cuando se superan las 39 horas.

Reclamada insistentemente por la patronal y considerada desde hace semanas por la ejecutiva del Partido Socialista francés (PS), la apertura de un periodo transitorio de un año ha sido finalmente aceptada por la ministra del Empleo y la Solidaridad, la socialista Martine Aubry. En declaraciones al diario Le Monde, la ministra reconoció ayer expresamente que la aplicación inmediata del sobreprecio del 25% en las cotizaciones y el límite máximo de 130 horas extras sería difícilmente asimilable por las empresas y "bloquearía la negociación". Aubry propone que una parte del dinero resultante del aumento de las cotizaciones de las horas extras vaya a parar a un fondo social con el que mejorar, por ejemplo, las indemnizaciones por despido. El anuncio de la ministra se produce en un momento en el que la duda sobre la eficacia de la ley parece haberse generalizado y una parte de la izquierda francesa la critica abiertamente, considerando que la flexibilidad de su contenido impide alcanzar el objetivo de creación masiva de empleo. Pese a las ayudas a la creación de nuevos empleos, no pocos de los acuerdos de reducción de jornada suscritos van a limitarse en la práctica al incremento de los días de vacaciones de las plantillas.

Formalmente, se mantiene la aplicación de las 35 horas el año 2000, pero en parte queda vaciada de su contenido porque la penalización de las horas extras es muy baja. Varios diputados comunistas manifestaron ayer que supone "darle la razón a la patronal".

Las palabras de Aubry suscitaron la sorpresa general, dado que el anteproyecto de la segunda ley sobre la 35 horas debe ser comunicado formalmente a los sindicatos y a la patronal y sometido a discusión a finales de esta misma semana. Tras ese nuevo intento de concertación, el texto debe ser trasladado al Consejo de Estado el 8 de julio próximo, y examinado por el Consejo de Ministros el 3 de agosto, para, posteriormente, ser presentado a las Cámaras, que deben aprobarlo antes de que finalice el año.

En el caso de las empresas que cuentan con menos de 20 asalariados, la semana laboral de 35 horas entrará en vigor el 1 de enero del 2001.

Oposición de la patronal

La publicación de las declaraciones en las que Aubry desvela buena parte del contenido de la ley coincidieron con la visita que Ernest-Antoine Seillière, el presidente de la patronal Medef, cursó ayer al presidente de la República, Jacques Chirac, en un nuevo intento por modificar el proyecto legislativo. "Le he dicho al presidente que las 35 horas amenazan la expansión y el empleo futuros, que Francia es el único país europeo forzado a limitar el tiempo de trabajo, que los empresarios franceses no podemos tener desventajas que los demás no tienen, que, desde ese punto de vista, nuestro aislamiento es total", indicó Seillière a la puerta del palacio del Elíseo. Ignorante de las declaraciones exactas de la ministra, el responsable de la patronal se negó a contestar a la preguntas relacionadas con el anteproyecto de ley y se limitó a subrayar que Chirac le había escuchado con "mucha atención".

Además de anunciar ese periodo de adaptación de un año que debe permitir "reforzar y ampliar la negociación sobre las 35 horas", Aubry desveló que el salario mínimo no será rebajado por la aplicación de las 35 horas y que, por el contrario, el propósito del Gobierno es aumentarlo por encima del aumento de los precios.

Apuntó igualmente la ministra que para que las empresas puedan beneficiarse de las ayudas a la reducción de jornada será necesario que los acuerdos estén firmados por los sindicatos mayoritarios o avalados por la mayoría de los asalariados.