LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Cuando metes la pata, ¿a quién echas la culpa?

Cuando metes la pata, ¿a quién echas la culpa? Ésta era "la pregunta de la semana" en Mi País del sábado 5 de junio, dirigida a chavales de entre seis y 12 años a tenor de quienes las responden una semana u otra. "A mi padre", "a mi hermano", "a mi hermana", "al que tengo a mano"... Son las respuestas. Sólo una niña parece responsabilizarse a sí misma de sus culpas. El origen inmediato de la reflexión que sigue a continuación pudiera estar en la lectura de esta pregunta (y sus respuestas). Pero posiblemente se encuentre más en el propio momento electoral que vivimos. Pero también se fundamenta en la experiencia vivida en estos últimos años cuando, al menos en el caso de Andalucía, se ha roto la "unidad de criterio político" que inspiraba la asunción de responsabilidades políticas en un territorio en el que Gobierno de la nación, Gobierno regional y la mayor parte de los gobiernos locales se identificaban con el mismo partido político; ruptura que se produce, primero en las elecciones locales de 1995 e inmediatamente después en las generales y autonómicas de 1996. Y remontándonos aún más en el tiempo, la reflexión alcanza al periodo de vigencia de la Constitución española, momento en el que se produce la ruptura de la "unidad de mando" a la que Franco nos tenía acostumbrados. Y ¿a dónde quiero ir a parar con tanta introducción? Al principio de responsabilidad política en un contexto de responsabilidad política compartida. Razones históricas, en el caso de la Constitución del 78, que instauró el Estado de las Autonomías y la división de competencias entre el Gobierno de la nación y los autonómicos, y la consolidación del principio de subsidiariedad, que propugna un mayor acercamiento de las decisiones políticas a los poderes más próximos a los ciudadanos, han ido forjando un mapa de distribución de competencias en nuestro país que es también un mapa de distribución de responsabilidades. Porque no siempre defendemos con el mismo ahínco la asunción de responsabilidades como defendemos la asunción de nuevas o más competencias. Es mucho más frecuente conocer acerca de la reclamación de nuevas competencias, ya sea dentro del Pacto Local o entre el Estado y unas y otras autonomías, que reclamar la asunción de más responsabilidades. Pero la una debe de llevar, sin duda alguna, a la otra. Sin embargo, el ciudadano medio percibe cada vez con mayor preocupación como a la hora de asumir responsabilidades, por errores cometidos, desastres acaecidos o irregularidades detectadas, los responsables políticos tratan ante todo de eludir las posibles responsabilidades y buscar en "al de al lado", o mejor "en el de enfrente", por ser de otro signo político, al responsable del error, el desastre o la irregularidad. Está, por supuesto, la actitud del PP de achacar toda responsabilidad al gobierno anterior del PSOE; pero esta actitud, no por menos lamentable más patética, queda al margen de la reflexión que nos ocupa. Está, por supuesto también, una falta de cultura política -quizá porque las democracias necesitan más de 20 años para construirse en su fondo y en su forma- para asumir de manera genérica responsabilidades en nuestra clase política. Pero quisiera centrarme aquí en la actitud habitualmente demostrada cuando se trata de asumir responsabilidades en una situación de competencias compartidas, una situación que empieza a darse con frecuencia. En tales casos, y no quiero remitirme a pruebas concretas, unos tratan de eludir sus responsabilidades argumentando con las competencias del otro. Se ha extendido una cierta actitud de que "cada palo aguante su vela", agravada aún más cuando, como si de pequeños dioses Eolos se tratase, cada uno trata de soplar con mayor fuerza el viento en la vela del contrario, con la voluntad decidida de que se le termine rompiendo el palo; pero sin medir qué tempestades podemos estar levantando con tantos vientos en tantas direcciones. Esta actitud es deplorable desde la perspectiva de su efecto en la ciudadanía. Ante situaciones de crisis o irregularidades, el ciudadano no desea que se le enmarañe en la explicación de quién ha de solucionarlo o hacerse cargo del problema, sino que quiere explicaciones simples y soluciones. En cualquier caso, la situación le genera inseguridad y desconfianza. Inseguridad, particularmente en los casos relacionados con riesgos catastróficos, de origen antrópico o natural; y desconfianza generalizada hacia los responsables políticos, cuyo peor efecto es la ruptura que se puede producir entre la clase política como colectivo y el resto de la ciudadanía. Quizá algunos políticos pudieran pensar que con ello se les está pidiendo de forma ingenua que se hagan el harakiri, pero lo que la ciudadanía pide es que en tales situaciones se comparta la responsabilidad o incluso que primero se dé el paso al frente de asumir la solución del problema y luego se pregunte de quién era la responsabilidad de solucionarlo. En España estamos aún construyendo la democracia y el Estado de las Autonomías. Con la Constitución de 1978 no se restauró la democracia en España; sencillamente se instauró. De anteriores periodos sólo podemos descartar que fueron ensayos predemocráticos: la alternancia en el poder del XIX de los dos grandes grupos políticos, el sistema caciquil del control del voto democrático y, sobre todo, la no incorporación de la mujer a las urnas hasta la República son pruebas fehacientes del carácter predemocrático de aquellos sistemas políticos. El actual debe de construirse sobre un conjunto sólido de buen hacer democrático y político. Y este tema quizá pueda resultar baladí en el concierto de cuestiones que cada día nos rodean; pero no debería ser menospreciado si pretendemos conseguir una identificación de la ciudadanía con sus responsables políticos.

Josefina Cruz Villalón es directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.