Pau Molins, penalista de buena familia
Pau Molins Amat (Barcelona, 1962) es abogado desde los 24 años, pero ha sido a los 37 cuando ha empezado a vivir los momentos de mayor proyección profesional y mediática. En pocos meses han llamado a su despacho, entre otros, el empresario Josep Puigneró y los ex inspectores de Hacienda Josep Maria Huguet y Ernest de Aguiar, así como otros clientes y sociedades de renombre cuya identidad se niega a revelar. "En derecho penal, la publicidad no beneficia para nada a la defensa", afirma. La suya es una familia burguesa de Barcelona, casi tan influyente como prolífica. Pau es el menor de 11 hermanos y Joaquim, el candidato de Convergència i Unió a la alcaldía de Barcelona, el tercero. El abogado va por el mismo camino reproductivo y tiene cuatro hijos, aunque uno menos que el político. El buque insignia de los Molins es la cimentera que lleva su nombre . La sociedad la fundó el abuelo de Pau y ahora está dirigida por Joan Molins, ex presidente del Círculo de Economía. En esa empresa familiar trabajan, como no podía ser de otra forma, los siete hermanos varones, excepto el abogado. "La empresa y los números nunca me apasionaron", asegura. No hay en los Molins antecedentes de vocación de jurista, y Pau defiende que siempre ha separado la abogacía del apellido y de los larguísimos tentáculos familiares. "Joaquim nunca me ha pasado ni un sólo tema y el mío no es un despacho de influencias", explica. Este letrado está a un paso de entrar en el selecto club de las llamadas togas de oro, los penalistas cuyas minutas casi siempre tienen seis y, en ocasiones, hasta siete ceros. Pau Molins, como casi todos sus compañeros, lo niega, dice que en su despacho también se llevan asuntos de 200.000 pesetas y afirma que el dinero no es lo importante a la hora de asumir la defensa de un cliente. El "fraude de la mili" Ha pasado ya más de una década de los tiempos en que Molins se vio involucrado en el llamado fraude de la mili. Él fue uno de los 64 mozos de familias barcelonesas de la alta sociedad que pagaron hasta un millón de pesetas para eludir el servicio militar a través de sobornos y certificados médicos falsos. El caso salpicó por entonces a deportistas de élite y Molins reconoció en su día que desembolsó 100.000 pesetas para no vestir de caqui. El caso se saldó con leves penas para 22 funcionarios civiles o militares. Ni Molins ni el resto de los mozos llegaron a sentarse en el banquillo porque la justicia consideró que había prescrito el delito. El mismo argumento que ahora invoca este abogado para sus clientes Huguet y Aguiar. "Cometieron una indignidad que merece reproche social, pero no penal, porque está prescrito". El más pequeño de los Molins se declara nacionalista y milita en la agrupación de Convergència Democràtica de Sarrià-Sant Gervasi desde hace dos años. A la hora de asumir o no un caso, afirma que eso no cuenta y recuerda el argumento del derecho de defensa. "En buena lógica, Huguet y Aguiar no deberían haber venido a mi despacho porque fueron altos cargos en la Administración socialista", dice. Aunque su expediente académico es de lo más normal, Molins siempre tuvo buenos maestros. Nada más acabar la carrera, entró en el despacho de Juan Piqué Vidal, en la resaca del caso Banca Catalana. "Allí aprendí lo que se debe y lo que no se debe hacer", afirma ahora. Fuentes de ese despacho recuerdan que en aquella época le defendieron por el caso del fraude de la mili. "Aquí aprendió mucho, porque cuando llegó,como es lógico, sabía muy poco", recuerdan compañeros de profesión. Cuatro años después, Molins se marchó al despacho de Emilio Zegrí, defensor del también abogado Juan José Folchi en varios procesos penales. Con Zegrí estuvo otros cuatro años y de él guarda mejor recuerdo. En 1994 se estableció por su cuenta y colocó la placa de Molins advocats. Primero en un despacho de la Pedrera, propiedad del abuelo y de la cimentera, y después en un amplio piso del que ya forman parte ocho abogados, todos ellos penalistas. "La década de los noventa es la nuestra, porque los delitos y los clientes son muy distintos a los de los ochenta, tiempo de los abogados fiscales, y los setenta, época de abogados laboralistas".
