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Gil acusa al fiscal anticorrupción de "inquisidor" por recusar a la juez decana de Marbella

El pulso entre el alcalde de Marbella (Málaga) y los fiscales que lo acusan de haber desviado 450 millones de pesetas del Ayuntamiento al Atlético de Madrid tuvo ayer un nuevo episodio al acusar Jesús Gil a la Fiscalía Anticorrupción de recurrir a "la inquisición general". Gil se refería a la recusación de la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, por parte del fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. Éste entiende que Ramírez, dando por buena la teoría de la "confabulación" que repite Gil desde que en octubre se presentó la querella, iba a retirar de la instrucción del caso al juez Santiago Torres.

Jesús Gil volvió ayer a repetir, a través de un comunicado, su teoría de que el caso por el que está imputado con otras diez personas más es una conspiración: "El juez del [Juzgado de Instrucción] número 7 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción se pusieron de acuerdo para linchar a Gil valiéndose de la preceptiva autorización de la Fiscalía General, que recibía órdenes de la fontanería de Moncloa".Para el alcalde de Marbella, la razón es simple: la presentación de candidaturas de su partido, el GIL (Grupo Independiente Liberal), en La Línea (Cádiz), Ceuta y Melilla.

Ninguno de sus argumentos es nuevo. Pero Gil los hacía valer ayer en una nota al conocer que el fiscal jefe anticorrupción ha recusado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez.

Esta magistrada debe decidir sobre una demanda presentada por el abogado de Gil para que se retire de la instrucción al juez Santiago Torres. La tesis de la defensa es que este caso debió repartirse por turno y no quedar adjudicado al juez que estaba de guardia el 13 de octubre de 1998, cuando la querella llegó a los Juzgados de Marbella.

Jiménez Villarejo sostiene en su escrito al CGPJ que Ramírez había asumido en su expediente que hubo "una confabulación, término que ni siquiera emplea el denunciante". El fiscal explica que su querella se dirigió "al juzgado que por turno de reparto le corresponda" y califica la actuación de la juez decana de "ligera" y "precipitada". Jiménez Villarejo le acusa de parcialidad a favor de Gil y se muestra convencido de que iba a apartar del caso a Torres e incluso a decretar la nulidad de las actuaciones como pide la defensa de Gil. En la recusación se reprocha también a la juez "enemistad manifiesta" hacia el fiscal.

Gil entró ayer otra vez en las acusaciones contra el fiscal anticorrupción y el juez instructor: "Villarejo llama a su amigo íntimo, que era el mismo juez decano de Barcelona, auténtico maestro en la manipulación de repartos, de ahí que de los diez casos más importantes a nivel económico de Cataluña ocho, algo imposible por ordenador, correspondiesen al señor Pascual Estevill".

El abogado de la acusación popular, José Carlos Aguilera,que representa al PSOE, entiende que el alcalde está llegando muy lejos en su intento de sacar del caso al instructor: "Gil está forzando y utilizando todos los resortes que tiene de control e influencia para apartar a Torres. Unos mecanismos entre los que se incluyen los grandes jueces a los que alude continuamente y a los que está diciendo que gracias a ellos es alcalde".

El sumario tiene pendientes tres pruebas periciales

El sumario del caso Gil tiene en este momento en curso tres pruebas periciales. Aunque el juez acaba de imputar a tres personas más y tanto la defensa como la acusación pueden solicitar nuevas actuaciones.No se ha realizado aún la prueba caligráfica para identificar la antigüedad de los contratos de publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid en las temporadas 1991-92 y 1992-93. Gil sostiene que se hicieron en su día, pero el fiscal Castresana dice que fueron "falsificados" en 1995. La defensa de Gil afirma que la Guardia Civil no le ha pedido aún la máquina de escribir con la que se hicieron.

Otra prueba pendiente es un oficio que el juez instructor ha pedido al Consejo Superior de Deportes con las consecuencias que habría tenido para otros clubes que el Atlético de Madrid hubiera descendido en julio de 1995. El fiscal sostiene que los contratos se inventaron para incrementar el patrimonio del club e impedir su descenso a segunda división.

La tercera prueba pendiente ha sido encargada a una empresa de ordenadores que está volcando en papel toda la contabilidad informatizada por el Ayuntamiento.

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