Progresismo, justicia social y coherencia

La LOGSE ha abierto un interesante debate en nuestro país sobre el modelo de sistema educativo que cada uno considera más adecuado para formar al conjunto de la población. El problema de este debate es que, como en los últimos tiempos todo el mundo es progresista y defensor de la justicia social, hay que leer entre líneas para intentar deducir lo que subyace a determinación, análisis de la realidad de nuestro sistema educativo. Un ejemplo reciente lo tenemos en el artículo Progresismo y justicia social, firmado por José Benedito y publicado en la edición valenciana de EL PAÍS. En dicho artículo, José Benedito omite varias cosas. En primer lugar cabía esperar que ante el atroz modelo ideológico que supone la escuela comprensiva en la enseñanza obligatoria, formulara una alternativa, pero como no lo hace nos podríamos atrever a deducir que el modelo que subyace a sus comentarios es la vuelta al flamante BUP para las "élites académicas" y a la no menos flamante FP de primer grado para "los alumnos realmente conflictivos (académica y socialmente)", como define a ambos colectivos en su artículo. En segundo lugar nos recuerda que los gobiernos del PSOE "consolidaron la escuela privada a través de la LODE y la LOPEG", y omite que fue en cumplimiento del artículo 27 de la Constitución y que durante sus años de gobierno estuvo aplicando el principio de subsidiaridad de la escuela privada respecto a la pública y no al contrario como ocurre en la actualidad. Por la forma en que lo dice se podría deducir que está claramente en contra de los conciertos a la privada y que es un firme defensor de la enseñanza pública y por eso clama contra la injusticia social que supone "que la escuela privada no está aplicando los principios de la escuela comprensiva hasta los 16 años, puesto que no asume a los alumnos realmente conflictivos (académica o socialmente) por falta de medios o por otras razones y por tanto el 30% de la población escolar no paga su cuota de solidaridad". Al llegar a este punto mi perplejidad alcanzó límites insospechados. Lo que está provocando que la afirmación que hace José Benedito en su artículo sea cierta en líneas generales es, según mi modestea opinión, el decreto por el que se regula la admisión del alumnado en los centros docentes de la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos y la normativa posterior que lo desarrolla, lo que está permitiendo que determinados centros concertados seleccionen a su alumnado desde los tres años y que el alumnado que se matricula en los institutos de Secundaria proceda de más de 10 centros de Primaria distintos. Es decir, lo que se vendió como capacidad de elección de las familias se ha convertido en la capacidad de los centros concertados para seleccionar a su alumnado y en la imposibilidad de que los centros que imparten el segundo ciclo de Secundaria se coordinen con los que imparten el primer ciclo. Este decreto fue debatido en el Consejo Escolar Valenciano y José Benedito era el ponente que lo estuvo defendiendo. Si afirmaba en su artículo que "desvincular progresismo y justicia social es un buen procedimiento para estafar en el discurso", desvincular lo que se dice en un artículo de lo que se hace como miembro del Consejo Escolar Valenciano es un ejemplo de "coherencia" o simplemente tomar el pelo a los lectores. Pero como dicen que rectificar es de sabios, le invito a que presentemos conjuntamente una propuesta en el Consejo Escolar Valenciano con el fin de que se modifique el citado decreto para garantizar que se cumpla lo establecido en la disposición adicional segunda de la LOPEG: "Las Administraciones educativas garantizarán la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, manteniendo en todo caso una distribución equilibrada de los alumnos". "A estos efectos se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas". Y por si no quedaba claro en el punto 2 se añade: "Los centros sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de escolarizar a los alumnos a los que se hace referencia en el punto anterior, de acuerdo con los límites máximos que la Administración educativa competente determine. En todo caso se deberá respetar una igual proporción de dichos alumnos por unidad en los centros docentes de la zona que se trate...". Creo que la norma es lo suficientemente clara como para poder exigir a todos los centros sostenidos con fondos públicos que escolaricen a "los alumnos realmente conflictivos (académica y socialmente)" y si como dice el autor del mencionado artículo no lo hacen "por falta de medios" le recordaré lo que añade la misma disposición de la LOPEG señalada anteriormente: "Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a estos alumnos. Los criterios para determinar esas dotaciones serán los mismos para los centros sostenidos con fondos públicos". Buena prueba de ello es que en este curso varios centros privados concertados, que sí escolarizan a alumnado con dificultades, han solicitado programas de diversificación curricular y se les ha dotado de los medios necesarios para llevarlos a cabo. Por otra parte si algunos centros privados concertados no lo hacen "por otras razones" como indica José Benedito en su artículo, le recordaré que en el título IV de la LOPEG establece que una de las funciones de la inspección educativa es "velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo". Dado que en la actualidad José Benedito está ejerciendo la función de inspector de educación se encuentra en una posición privilegiada para "evitar que el 30% de la población escolar no pague su cuota de solidaridad" y así entre todos los que estamos por luchar por una enseñanza de calidad en todos los centros sostenidos con fondos públicos, que en el momento actual es pedir que se cumplan la LOGSE y la LOPEG en todas sus dimensiones, conseguiremos que TODA la población escolar reciba la formación más adecuada, incluyendo a las "élites académicas" que parece deducirse de su artículo que son los únicos alumnos que le preocupan.