La Junta afirma que la ley le otorga competencias para regular el horario laboral de sus funcionarios

La Junta está decidida a reducir la jornada de sus funcionarios pase lo que pase. Ante los amagos de representantes del Gobierno central que han apuntado la posibilidad de recurrir la medida, el ejecutivo autónomo, a través de su portavoz, Rafael Camacho, dijo ayer que el decreto de las 35 horas para sus trabajadores saldrá adelante cuando concluya la negociación con los sindicatos. El decreto tendrá "solidez jurídica", dijo Camacho, quien aseguró que la Ley de Función Pública de Andalucía recoge expresamente que el Consejo de Gobierno tiene la competencia de aprobar la jornada de trabajo, al tiempo que no existe ninguna normativa estatal en sentido contrario.

Según Camacho, "las cautelas jurídicas son lógicas, dado el celo del Gobierno de la nación a la hora de recurrir". El portavoz recalcó que la Ley de Función Pública establece que el Gobierno andaluz tiene la "potestad reglamentaria" en lo relativo a la aprobación de la jornada de trabajo. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han señalado que la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía recoge, en el artículo 4 del capítulo II, las "atribuciones orgánicas" del Consejo de Gobierno andaluz para aprobar la jornada de trabajo. Asimismo, el catedrático de Derecho Administrativo de Sevilla, Manuel Clavero, señaló que el decreto de implantación de las 35 horas para los funcionarios andaluces sólo entraría en conflicto si la jornada laboral fuera base del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. Otras fuentes consultadas por EL PAÍS indicaron que no existe norma básica del Estado que entre en conflicto con la andaluza para la regulación de la jornada laboral. Asimismo, indicaron que no existe jurisprudencia en esta materia, dado que no hay antecedentes de recursos por actuaciones de otras comunidades. Descartaron además que fuera de aplicación el auto de sussión cautelar de la jornada de 35 horas aprobada en varios ayuntamientos de Cataluña, ya que en ese caso sí existe una legislación estatal de aplicación general como es la Ley de Bases de Régimen Local. Por último, las mismas fuentes indicaron que la jornada laboral de los funcionarios del Estado se ha venido estableciendo por resolución del secretario de Estado del Ministerio de Administraciones públicas. Pese a todo, la Junta, a través de la consejera de Gobernación de la Junta, Carmen Hermosín, lanzó el pasado lunes una oferta al ejecutivo central para negociar el decreto. UGT y Comisiones Obreras han acogido con diferentes criterios esta oferta, interpretada por el primero como "innecesaria", mientras que el segundo se mostró a favor de llegar al consenso. Por su parte, el Delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, dijo ayer que sólo en el supuesto de que existiera un conflicto de competencias o que "incurriera la legalidad", el Ejecutivo central optaría por recurrir el decreto de la Junta.