PERMISOS DE TRABAJO ¿Quién ordena las migraciones?
Suponga que es argentino y que desea trabajar en España. Cumpliendo con la ley, envía una solicitud de visado al consulado. Usted espera en su país sin probabilidad alguna de que le sea atendida su petición. Al tiempo, observa que muchos de sus compatriotas obtienen la residencia entrando de forma ilegal. Decide entrar como turista para luego quedarse ilegalmente. Entonces comienza su aventura. Acaba de ingresar en la economía sumergida, su estancia no es como la había imaginado, a cada paso que da corre el riesgo de ser explotado. Por fin ve el cielo abierto, pues se inicia un proceso en el que puede solicitar un permiso de trabajo (aquel que solicitó desde su casa, y nunca fue atendido). Trabaja en la agricultura y su empresario le firma una oferta de empleo. Acude a una ONG, ellos le dirigen a la dirección provincial de Trabajo, donde le orientan en su solicitud. Esto le hace confiarse y por eso su sorpresa es mayúscula cuando, pasados cuatro meses, recibe una carta en la que le dicen que debe comenzar de nuevo y acreditar otra vez la disponibilidad del empresario a contratarle. El remite es de la dirección general de Asuntos Consulares. Usted no conoce nada de este organismo y, a juzgar por el tiempo que han tardado en contestar y lo que dicen, ellos tampoco entienden mucho de sus problemas. Está a punto de violar una vez más su estricto código ético: debe pagar ahora por un contrato falso, porque de él depende el poder obtener el permiso. El relato que acabo de introducir recoge la situación de un buen número de inmigrantes. El objetivo del sistema de cupos es el de "canalizar y organizar los flujos de inmigración en función de las necesidades de mano de obra". Sin embargo, los esfuerzos de los inmigrantes, de las ONG y de las Oficinas de Extranjeros chocan con los fríos despachos de la dirección general de Asuntos Consulares. En Almería, por ejemplo, de 7.083 solicitudes para un cupo de 2.258 y después de tres meses desde que acabó el plazo, sólo se han expedido 300 permisos de trabajo. Este sistema hace aguas y debemos buscarle un remedio. Además de la falta de agilidad administrativa, podemos citar otras cuestiones no menos importantes: este sistema reparte el número de permisos que pueden concederse por provincias, lo que genera que, por ejemplo, un trabajador arraigado en Málaga decida mudarse a Almería para probar suerte, deslumbrado por el mayor número de permisos previsto para esa provincia. Se provocan así grandes concentraciones de inmigrantes, lo que dificulta la integración. Por otro lado, el 90% de las solicitudes son de quienes ya se encontraban en nuestro país. Por ello se prima la entrada ilegal en España frente al acceso legal. Para abordar este fenómeno propongo las siguientes soluciones: 1. Creación de una secretaría de Estado que asumiera todas las competencias en materia de extranjería. 2. Asignación global de los contingentes, y no por provincias. 3. Aplicación del proceso de cupos para los que quieran inmigrar y, aparte, regularizar a los ilegales. 4. Las ofertas actuales sólo cubren la agricultura y el servicio doméstico. Esto es un principio, pero nunca un fin. Se corre el riesgo que los sociólogos ya han expresado en los Estados Unidos: "Los afroamericanos llevan tanto tiempo desarrollando trabajos de poco reconocimiento social que nuestra sociedad cree que sólo sirven para ellos". Ojalá que instantes después de leer estas propuestas haya quien tenga mejores soluciones y se ponga en marcha una reforma a fondo de este sistema.JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CANDELA
José Luis Rodríguez Candela es presidente de Andalucía Acoge.
