Barberá traslada al "escenario policial y judicial" las secuelas del linchamiento de Natzaret

VIENE DE LA PÁGINA 1 Barberá se escudó en una inmediata reunión con representantes de las autoridades del Puerto de Valencia para abordar el problema de los contenedores de transporte marítimo que se amontonan en los alrededores del barrio y que provocan el peligroso tránsito de vehículos pesados, que ya ha segado tres vidas durante este año, y abandonó precipitadamente la estancia. La alcaldesa había trasladado a las carencias del Plan General de Ordenación Urbana el problema de los contenedores y aseguró que la administración popular es la única que ha acometido el asunto en busca de una solución. Barberá insistió en que ha permanecido atenta a todo lo sucedido y explicó que el domingo tuvo que desplazarse a Madrid para participar en los actos conmemorativos del aniversario de la Constitución. También aludió indirectamente a la "provocación" e "imputación de responsabilidades" hacia los responsables políticos municipales por parte de representantes vecinales a lo largo del fin de semana . Barberá advirtió que "habrá que mirar muy mucho" tales comentarios. Eduardo Zaplana acompañó a la alcaldesa en la firma del convenio, pero tuvo buen cuidado de despedirse antes de que periodistas o vecinos pudieran abordar a Barberá. Defraudados por la ausencia de respaldo institucional durante el largo fin de semana de tensión que ha vivido Natzaret, los representantes de los vecinos, con Barbas a la cabeza, comentaron que "es muy bonito gobernar la ciudad desde un despacho" y recordaron los cuatro días que han vivido "pisando la calle" en el barrio. Barbas explicó que fueron los propios vecinos los que instaron la reunión con el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana el pasado lunes, a través del "concejal Cotino", en referencia al actual director general de la Policía, Juan Cotino, que fue concejal de Policía Local la pasada legislatura y que mantuvo un estrecho contacto con las asociaciones de vecinos de Natzaret. Según su versión, los propios representantes vecinales trasladaron en su día a Francisco Granados, delegado del último Gobierno socialista, a diversos comisarios y al propio Cepeda, el lunes, nombres, direcciones y matrículas de traficantes instalados en el barrio. Barbas comentaba perplejo que varios comisarios le requirieron los documentos este fin de semana. "Creo que todos los papeles que entregamos a la Administración acaban en la papelera", concluyó desazonado. Mientras la investigación policial sobre el linchamiento continúa, el magistrado encargado de investigar el caso, Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, ha acordado el secreto de sumario para sus actuaciones. Éstas devendrían en un juicio con jurado en caso de que el padre del niño fallecido, y el resto de detenidos en relación con el caso, si los hubiera, fueran acusados de asesinato, informa Voro Maroto. La Federación de Asociaciones Gitanas anunció, por su parte, un inminente encuentro con representantes vecinales de Natzaret, probablemente en el curso de esta misma semana, para instar a la Generalitat y al Ayuntamiento a tomar iniciativas en favor de los vecinos de etnia gitana residentes en el barrio. "Ha sido una semana muy dura, lo que hemos vivido y hemos sufrido estos días sólo lo conocemos nosotros", comentó a Europa Press Juan Roige, vicepresidente de la asociación. El coordinador de minorías étnicas de la Generalitat, Manuel Bustamante, abogó por potenciar la cooperación entre residentes gitanos y no gitanos en Natzaret para favorecer la convivencia, "como se hizo en su día en el barrio de La Coma".

El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), junto con los empresarios de la Asociación de Reparación y Almacenamiento de Contenedores (ARCE) acordaron ayer ubicar de manera provisional las bases de contenedores que actualmente se encuentran instaladas en el barrio de Natzaret, en la zona de la Marchaleta en Castellar y en un área del puerto "pegada" a la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL), según aseguró ayer a Europa Press el director de la APV, Rafael del Moral. Por su parte, la Dirección General de Transportes tiene previsto en el plazo de un mes finalizar los estudios y dar a conocer el emplazamiento definitivo de las bases de contenedores que se situará en el área metropolitana de Valencia y próximo a la V-30, como anunció el director general de Transportes, Vicente Dómine. El concejal de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Valencia, Francisco LLedó, explicó que la solución provisional contempla que "en el plazo de uno o dos meses se comience a sacar los contenedores más próximos a Natzaret" lo que supondrá "menos contenedores y una disminución del tráfico de camiones en el barrio". La ubicación provisional de los contenedores ocupará una superficie de 162.000 metros cuadrados de los cuales 97.000 se encuentran situados en Castellar y 65.000 en terrenos del puerto en una zona que se contempla como futura ZAL.