El fiscal pide penas de prisión para el alcalde de Pego por tres delitos a causa de la destrucción del marjal
El fiscal ha solicitado penas de varios años de prisión para el alcalde de Pego, el ex regionalista Carlos Pascual, por tres delitos en el caso que investiga el juzgado de Dénia por la destrucción del parque natural del Marjal de Pego-Oliva. Según informó ayer Canal 9, Ricard Cabedo Nebot, fiscal de medio ambiente de Alicante, presentó ayer finalmente ante el juzgado de instrucción número 2 de Dénia su escrito de calificación fiscal en el que pide penas de prisión para el alcalde pegolino, para José Orihuel, concejal de agricultura y presidente de la Comunidad de Regantes de Pego, y para otros cuatro acusados más. Cabedo achaca al alcalde un delito continuado contra el medio ambiente y la fauna y la flora protegidas, otro de desobediencia a la autoridad judicial (la juez Ester Rojo emitió un auto de paralización de las actividades de transformación en el humedal reiteradamente incumplido) y un tercero por atentar contra una autoridad por el intento de agresión contra el director del parque, Vicente Urios. Aunque no ha trascendido la cifra exacta de años de prisión que solicita el fiscal (la cadena mencionó entre tres y seis años) para el tercer delito el fiscal solicita la inhabilitación en el ejercicio de cargo público. En el caso de Orihuel, el fiscal sólo le atribuye los dos primeros delitos. Y para los otros cuatro imputados, acusados de transformar directamente el humedal, solicita penas de un año por el delito contra el medio ambiente. Enrique Lozano, abogado de Acció Ecologista-Agró, acusación particular en el caso, explicó ayer que todavía no conocía el informe de calificación fiscal y afirmó que estaba sorprendido de que la fiscalía lo hubiera presentado ya ante el juzgado porque éste todavía no ha resuelto el recurso en reforma que Agró presentó ante la juez después de que ésta rechazara la petición de los ecologistas de ampliar la querella a varios ediles y técnicos municipales del Ayuntamiento de Pego. El abogado de Pascual, Fernando Gil Sendra, tampoco conocía el informe del fiscal.
