Patronal, sindicatos y políticos se enzarzan en acusaciones por el alza de siniestros laborales

La cumbre sobre seguridad en el trabajo celebrada ayer por las administraciones central y autonómica, la patronal y los sindicatos sirvió para que todos subrayasen la gravedad de un problema que causa al día tres muertes y 30 accidentes graves de media y que cuesta dos billones al año. Pero también para que todos encontrasen culpas ajenas y se vertieran crudas declaraciones. La patronal exculpó a las empresas y Jordi Pujol achacó el aumento de accidentes al crecimiento económico. El Gobierno sugirió que no se cumple la ley y exigirá a las comunidades autónomas que cobren las multas.

El debate de ayer sirvió, al menos, para exponer con dureza la situación y para que todos los participantes se comprometan a desarrollar un plan de choque que ayude a paliar unos altos índices de siniestralidad en el trabajo que no tienen parangón en ningún país de la Unión Europea. En España, el año pasado se produjeron 676.644 accidentes laborales, con 1.070 muertos, y un crecimiento considerable sobre el año anterior (véase gráfico). Este año, las cifras continúan la misma senda ascendente. La construcción es con mucho el sector peor parado.El plan citado consistirá en actuaciones de sensibilización en la cultura de la prevención, formación, incentivos de la actuación preventiva, más investigación, acciones legislativas para aplicar la normativa de prevención, reforzamiento de la vigilancia y las sanciones, y coordinación entre todas las administraciones. Una de las medidas más concretas prevista por el Ministerio de Trabajo es premiar a las empresas que apliquen las medidas de prevención y que logren reducir los índices de siniestralidad. Eso se hará mediante la figura del bonus-malus, con una rebaja de las cotizaciones por accidentes de trabajo para esas empresas.

Con ello, Trabajo reconoce implícitamente que no se cumplen las leyes de seguridad y salud laboral, una acusación que vienen haciendo CCOO y UGT desde que entró en vigor la ley de salud laboral hace dos años y medio. Ayer la volvieron a lanzar sus secretarios generales, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez.

El máximo dirigente ugetista cree que hay tres causas directas: la precarización en el empleo, la debilidad del sistema de prevención y el incumplimiento de las normas por parte de las empresas. El líder de CCOO afirmó que "la causa fundamental de los accidentes es el incumplimiento generalizado de las normas preventivas por parte de las empresas". Una encuesta encargada por su sindicato indica que el 62% de los empresarios preguntados desconoce la ley, y sólo un 9% ha adoptado un modelo de prevención y un 5% ha invertido en formación de directivos. Gutiérrez cree que "hay mucho dolor humano y mucho despilfarro económico" y pidió que "nadie eche balones fuera ni compare esto con la seguridad vial".

De esta forma respondía a las intervenciones previas a la suya de los presidentes de la patronal, José María Cuevas (CEOE) y Antonio Masa (CEPYME). Cuevas aseguró que los accidentes laborales "se utilizan como arma arrojadiza contra las empresas", que éstas no se niegan a aplicar las medidas preventivas y que la aplicación de las normas también es responsabilidad de los trabajadores. Asimismo, exculpó a los empresarios argumentando que la cultura de la prevención debe iniciarse desde la escuela, ya que "los accidentes domésticos y de tráfico son más numerosos que los laborales". Similares argumentos utilizó Masa, quien lamentó "las injustas culpabilizaciones y victimismos innecesarios que venimos sufriendo".

El presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, ofreció una explicación un tanto peculiar del aumento de los siniestros laborales. Lo relacionó con la mejora del crecimiento económico y, por tanto, de la actividad, y afirmó que "se presentan como accidentes de trabajo los que no lo son". Su explicación es que las mutuas empiezan a pagar desde el tercer día el salario del trabajador de baja, y en accidentes comunes la Seguridad Social empieza a pagar desde el día 15º. Con ello acusó de fraude a los empresarios, que son quienes se ahorran esos salarios.

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, coincidió con los sindicatos y afirmó que "los destajos y las subcontratas" están en la base de muchos accidentes junto al incumplimiento de la ley.

El ministro de Trabajo, Javier Arenas, propuso una actitud autocrítica para poder afrontar este problema, pero se quedó en sugerirla. Lo que sí va a impulsar es la elaboración de un informe para ver qué sucede con el incobro de las multas por infracciones que detecta la Inspección de Trabajo, una competencia que tienen transferidas las comunidades autónomas.