Macrotrasvases y nuevos regadíos

Constituyeron estas cuestiones referencias esenciales del desechado Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, y necesariamente lo serán, en gran medida, del próximo. A pesar de que la Ley de Aguas de 1985, cuya reforma ahora se pretende, sitúa entre sus objetivos prioritarios, y prácticamente como ápice y compendio de todos ellos, la planificación hidrológica, hasta abril de 1993 no se remitió al Consejo Nacional del Agua el referido anteproyecto, cuya ambiciosa meta pasaba por una sustancial reestructuración hidrográfica. Aspectos particularmente polémicos fueron los relativos a trasvases, nuevos regadíos, precio del agua, optimización de su consumo y reutilización de depuradas, así como la creación de la llamada Entidad de Derecho Público para el Equilibro Hidráulico Nacional (EHNA). A la vista de las alegaciones planteadas, el Ministerio de Obras Públicas redactó su "informe sobre las propuestas de modificación del Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional", que contenía, entre otras novedades: las siguientes: una vez aprobado el Plan, los "grandes trasvases" (Norte-Duero y Ebro) quedaban supeditados a una declaración de interés general en el plazo de tres años. El volumen anual de los trasvases se establecía en 3.210 hectómetros cúbicos, 516 por debajo del planteamiento original. Así, pues, Obras Públicas mantenía el criterio de que los trasvases menores y los macrotrasvases resultaban imprescindibles y necesarios para resolver situaciones gravemente deficitarias en determinadas áreas, ubicadas, salvo alguna excepción, en la vertiente mediterránea. De otra parte, la transformación en regadío afectaría a una extensión entre 400.000 y 600.000 hectáreas, cifra esta última manejada inicialmente. Por último, se potenciaba mucho el ahorro de agua, mediante la racionalización de usos y la optimización de consumo, al tiempo que se incrementaba el empleo de aguas depuradas y la desalación de salobres y marinas. A diferencia de los trasvases y en el ámbito de una misma comunidad autónoma, los macrotrasvases interesan, bien que con amplitud muy dispar, grandes porciones del territorio español peninsular. Así, de sus quince comunidades autónomas, el trasvase del Ebro involucraría a diez, si bien las grandes beneficiarias del mismo habrían sido, aún después de la reducción contemplada en el Informe, Valencia (630 hectómetros cúbicos) y Murcia (835 hectómetros cúbicos), mientras la principal cedente sería, con gran diferencia, Aragón, con casi la mitad (49,52%) de la superfice vertiente y más de la tercera parte (38%) de la aportación anual. Por ello no puede extrañar que, dado su diferente grado de implicación, la actitud de los gobiernos autonómicos registres intensidades diversas: mientras unos asumen protagonismo en pro o en contra de los trasvases, otros se manifiestan con sordina o, estratégicamente, callan. En agosto de 1996 el Secretario de Estado de Aguas y Costas declaraba: "No me sirve el documento de 1993... No hay fundamento para creer que seamos capaces de planificar a ese plazo, sin saber la evolución de la economía, la agricultura y la climatología (sic)". El 24 de junio pasado el gobierno aprobó, por fin, los Planes hidrológicos de cuenca, de los cuales, significativamente, Segura y Júcar han requerido arduas negociaciones. Como los citados planes han sido ratificados sin la menor enmienda, el bloque resultante no deja de ser un desiderátum, con el indudable riesgo de que, a pesar de las cautelas y reservas incluidas en el decreto, se produzca una cristialización y afianzamiento de posiciones que habrá de revisar y armonizar el futuro Plan Hidrológico Nacional, y que atañen, en especial, a nuevos regadíos y trasvases. Se sostuvo, en su día, no sin fundamento, por parte de la oposición, que la transformación de 600.000 hectáreas era "una barbaridad", pero lo cierto es que las solicitadas en el conjunto de los indicados planes (1.194.000 hectáreas) duplican en aquella superficie, con planteamientos, en una mayoría de casos, más o menos admisibles en un régimen autártico, pero inviables frente a la irreversible liberalización del comercio internacional. A mayor abundamiento, es de notar que, de la inversión requerida para nuevos regadíos, el 55% corresponde al Ebro y el 21% al Duero, es decir, los ríos más caudalosos que centran, sobre todo el primero, las expectativas de posibles trasvases, en la medida que impactos ambientales y otros condicionamientos los permitan. Por todo ello, parece oportuno recordar que el regadío no es igualmente beneficioso por doquier ni representa la única alternativa de desarrollo rural en áreas donde las condiciones climáticas restan flexibilidad a los cultivos. Puro anacronismo resulta asimismo que las comunidades autónomas con cuencas de recursos muy copiosos opten, como única vía de compensación, por transferir agua, por obras hidráulicas de transformadores en regadío que, aun respondiendo a compromisos históricos, han quedado desfasadas; y, por ello mismo, no constituyen fuente de rentabilidad económica ni factor de progreso social.