El fiscal acusa a dos guardias civiles de exigir dinero por no poner multas

La Fiscalía de Madrid solicita un total de cuatro años de cárcel para dos guardias civiles de tráfico del destacamento de Valdemoro acusados de exigir fuertes sumas mensuales de dinero al responsable de una flota de camiones a cambio de avisarle de los controles de tráfico y de no ponerle multas. El juicio contra ambos guardias -Antonio G. S. y Miguel Ll. S., procesados por un delito de cohecho- se celebrará hoy en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid.

También va ser juzgado el dueño de la empresa de transportes, Víctor G. R., para quien el fiscal solicita provisionalmente un año de cárcel por otro delito de cohecho (es decir, por acceder a los sobornos que le pidieron los guardias). El fiscal relata en su escrito que, en septiembre de 1992, ambos agentes, sin antecedentes penales, contactaron con Víctor G. -dueño de una flota de camiones- y le "ofrecieron la posibilidad de abstenerse de ponerle multas a sus vehículos y de avisarle de los controles de tonelaje" que se practicasen en la carretera de Andalucía (la N-IV). A cambio, el dueño de los camiones debía entregarles todos los meses "100.000 pesetas para cada uno". El transportista accedió. Y les estuvo entregando las citadas cantidades al menos durante siete meses, "hasta el mes de abril de 1993". Ambos agentes, afirma el fiscal, estaban destinados en el destacamento de Valdemoro y solían desempeñar su labor como agentes de tráfico en la carretera de Andalucía. El fiscal no detalla en su escrito ni la razón social ni el nombre de la empresa transportista.

"Amenazas de muerte"

El supuesto trapicheo entre ambas partes concluyó en septiembre de 1993, cuando el transportista dejó de pagarles las 200.000 pesetas anuales y denunció la extorsión en un juzgado de Valdemoro.Junto a los tres acusados también se sentará mañana en el banquillo María M. T., esposa de uno de los guardia procesados, Antonio G. S.; el ministerio público reclama para ella dos meses de cárcel. Le acusa de llamar por teléfono al dueño de la flota de transportes, por dejar de pagar la cuota mensual a su marido, y de amenazarle de muerte. La llamada de María se produjo, siempre según el escrito del fiscal, el 17 de julio de 1993. "Como no pagues a mi marido te voy a pegar dos tiros", le dijo.

Fue precisamente a raíz de esta amenaza cuando el transportista, que llegó a temer por su vida, acudió a un abogado y decidió denunciar en un juzgado de Valdemoro la extorsión de que estaba siendo objeto por parte de ambos miembros del instituto armado.

Esa denuncia también le ha llevado a él al banquillo de los acusados, ya que al menos durante siete meses, según tiene acreditado el fiscal, entregó el dinero pactado a los agentes. Será la segunda vez que comparezca como acusado ante un tribunal: en diciembre de 1984 fue juzgado y condenado a 10 años de prisión por detener ilegalmente a una persona.

Para la vista oral que hoy comienza, la Audiencia de Madrid ha citado a una veintena de testigos, entre ellos, varios compañeros de los guardias civiles procesados.