La apertura del sector financiero andorrano despierta escaso interés entre la banca española
La apertura bancaria andorrana parece que pasará por los planes de expansión de los bancos europeos sin pena ni gloria. Tan sólo una entidad bancaria ha expresado su interés de manera efectiva, y es catalana: el Banco de Sabadell. A pesar de todo, aún no ha hecho efectiva su demanda de entrada en el nuevo mercado bancario. Tiene tiempo para hacerlo, puesto que el plazo de adjudicación de las licencias para operar no acaba hasta el próximo mes de diciembre. Se calcula que el 70% de la clientela de los bancos andorranos es de nacionalidad española.
La banca andorrana mantiene la expectativa de unos inversores potenciales con la necesidad de colocar antes de la entrada en vigor de la moneda única, en el año 2002, hasta cuatro billones de pesetas que podrían proceder de varios países comunitarios, según cifras que baraja el sector crediticio de Andorra. Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Deutsche Bank, Banque d"Indosuez y algún otro candidato que había mostrado un cierto interés inicial, han asumido como propia la opinión del conjunto de la banca internacional, que cree que a las entidades de mayor peso no les resulta rentable entrar en el mercado andorrano si no pueden poseer el 100% del capital. Hay otros elementos disuasorios: la ley exige a los nuevos bancos un capital social suscrito y desembolsado de 5.000 millones de pesetas y un depósito no remunerado de 500 millones en el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas. Algo que se interpreta como un impuesto a fondo perdido sin contrapartidas, cuando flota en el ambiente una decidida inseguridad jurídica por falta de marco fiscal y de convenios de doble imposición con los países vecinos. Además, el Gobierno que preside Marc Forné ha anunciado la creación de un nuevo impuesto sobre la banca en los próximos meses, dentro de una ley marco de régimen fiscal. Insuficiencias La banca internacional objeta que la actividad bancaria en Andorra debe mejorar sus sistemas de comunicación, que debe realizarse una selección (muy medida pero basada en las leyes de libre competencia) de las nuevas entidades y, algo muy importante, que es necesario que se promulguen leyes de fondos de inversión y se mejore la imagen internacional de Andorra, últimamente en horas bajas debido a la crisis originada por el contrabando de tabaco. Buena parte de estas cuestiones no se resolverán fácilmente. Por ello, la ministra de Finanzas, Susanna Arasanz, se muestra pesimista sobre la respuesta de las entidades bancarias. Arasanz considera que les costará mucho tomar la decisión de expandirse hacia el mercado andorrano. Su falta de entusiasmo se podría mantener en los años inmediatos. Entre otras razones, porque después de intensos debates, la ley finalmente aprobada es restrictiva y establece controles muy minuciosos sobre los bancos procedentes del extranjero. Sólo podrán acceder al mercado de Andorra las entidades que ofrezcan una gran precisión sobre sus datos de origen y accionariado, y que mantengan un filtro exhaustivo contra el dinero procedente de blanqueo por operaciones ilegales. Deberán atender al público en un local abierto, con personal suficiente, y no en una discreta oficina. Por su parte, el Gobierno decidirá a través del sistema de concurso público (inconstitucional, según el especialista Enoch Alberti, porque no se ajusta a un sistema basado en una libre economía de mercado) a qué dos entidades da permiso para operar antes de finales de 1999 y a cuál el año siguiente, en una apertura del mercado gradual. Tendrá en cuenta cuestiones como la atomización del accionariado y la presencia de andorranos o residentes con derechos económicos en sus estructuras directivas. Vía libre a los españoles Andorra es, a pesar de todo, una plaza financiera muy apetitosa para las entidades españolas, que ahora parecen tener vía libre. El Ministerio de Hacienda español no ha dejado de calificarla como el paraíso fiscal más próximo a sus fronteras. Se pueden añadir, por lo demás, algunos datos: en el Principado conviven siete bancos, que han duplicado la cantidad de activos que gestionan en siete años al pasar de 840.000 millones de pesetas en 1990 a 1,665 billones el año pasado. Por otra parte, en cualquier entidad del país es posible abrir una cuenta numerada (aunque no anónima como en Suiza). Esto agudiza, de manera evidente, la capacidad de los bancos andorranos para captar recursos, es decir, para atraer clientes y depósitos. Mientras sigue sin resolverse el gran debate de cómo adaptar el Principado para abrir las puertas del país a empresas con el 100% de capital extranjero, ya han aparecido serias dudas sobre la constitucionalidad del sistema de sociedades con cuotas reservadas a ciudadanos andorranos.
