Industria tramita la reapertura de la mina de Aznalcóllar

El ejército de maquinarias que trabaja en el cauce del Guadiamar empezará a reducir su intensa actividad en pocos días. Las tareas de limpieza están casi concluidas, pero aún quedan cuestiones pendientes. Entre ellas, comprobar si la mina de Aznalcóllar, en la que se originó el vertido tóxico, está en condiciones para reanudar su actividad. "La Junta quiere que la mina se abra de nuevo, pero con todas las garantías", expuso ayer el coordinador autonómico, José Antonio Viera, que confirmó que los trámites para su reapertura se han iniciado. La Consejería de Industria ya tiene la propuesta de Boliden, la empresa propietaria de la explotación minera, para reiniciar la actividad. En ella, plantea que la corta -mina a cielo abierto- abandonada de Aznalcóllar sustituya a la balsa siniestrada como depósito de los residuos de la extracción de mineral. Boliden argumenta que si la corta ha sido el lugar elegido para almacenar los lodos tóxicos retirados del cauce del Guadiamar, puede también ser utilizada como balsa de almacenamiento de residuos. Industria ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al Instituto Tecnológico Geominero que certifiquen que la corta abandonada es absolutamente impermeable -algo que ya defendió el Instituto y que los ecologistas ponen en duda- y que los planes de Boliden para el sellado de la balsa siniestrada garantizan que no se producirán nuevos vertidos. La intención de la empresa -aireada a menudo por su presidente, Anders Bullow-, es reanudar la extracción de cinc y otros metales a principios de año. Viera consideró "posible" la fecha dada por Boliden para la reapertura de la mina, aunque la condicionó a la "rapidez" con la que se elaboren los informes técnicos. Industria debe recibir también el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente que evaluará el impacto ambiental de la medida. Antes de la reunión de la comisión de coordinación, los ecologistas ya habían anunciado su oposición a la reactivación de la mina. "Es increíble pero aquí va a resultar que quien contamina, cobra", señaló Francisco Garrido, coordinador de Los Verdes, tras revelar que "la Consejería de Industria tiene preparados 1.800 millones para subvencionar la reapertura". Los ecologistas estiman que la corta abandonada no ofrece garantías para ser almacén de residuos y que los que aún quedan en la balsa siniestrada -30 millones de toneladas- deben "inertizarse y ser trasladados a un depósito de seguridad". También acusaron a la juez encargada del caso, Celia Belhadj-Ben, de permitir que Boliden destruyera pruebas al realizar reparaciones en la balsa.