UGT lleva al fiscal la ITV de Xàtiva ubicada en un almacén de fruta

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-PV presentó ayer ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un escrito por el que se pide que se investigue si existe algún delito en la concesión de licencia a la estación de ITV de Xàtiva, ubicada en un almacen de naranjas. La FSP también ha pedido a Industria que audite el funcionamiento de la línea y que sancione las irregularidades.

En el escrito presentado ante la fiscalía -que entró ayer por vía del juzgado de guardia- la FSP denuncia que la ITV de Xàtiva funciona en una nave de maduración de fruta, coexistiendo las dos actividades. "La práctica simultánea de esas dos actividades contraviene la reglamentación técnico-sanitaria, por lo que se ha instado al alcalde de Xàtiva a que cese una de las dos actividades", explica el sindicato, que añade que se han pedido a todos los organismos -Consejería de Industria y consistorio setabense- las licencias que se han otorgado para el funcionamiento de la instalación. Es en este punto en el que la FSP pide al fiscal jefe del TSJ que se realicen las investigaciones pertinentes por si se ha incurrido en algún tipo de delito por parte de consejería o del ayuntamiento en el trámite de concesión de los permisos. La batería de solicitudes que ha presentado la FSP ante los diversos organismos para intentar esclarecer los motivos que han llevado a que en Xàtiva se pase la revisión de los vehículos junto a decenas de kilos de naranjas no acaba en la fiscalía. El sindicato también se ha dirido a la Consejería de Industria para pedir que se realice una auditoría al funcionamiento de la polémica estación y se compruebe si incumple alguno de los puntos de la concesión, procediendo si cabe a sancionar a la empresa que la explota. La FSP ha pedido también a la dirección de Comercio que verifique la posesión de licencias de las dos empresas. El sindicato también se ha dirigido a la inspección de Trabajo. A través de un escrito la FSP denuncia que la práctica de dos actividades diferentes en un mismo recinto contraviene lo que dicta la ley de seguridad y salud, por el peligro y las molestias que pueden ocasionar para los trabajadores de las dos empresas la situación que se ha creado.